Una de las principales quejas de los sectores empresariales, especialmente de micro, pequeñas y medianas empresas del país (Mipyme), es en torno a la dificultad para acceder a financiamientos blandos y con reducidas condiciones para poder capitalizarse y desarrollar sus negocios.
Es frecuente escuchar la expresión: “en este país es más fácil conseguir un financiamiento a bajo costo y más rápido para comprar un vehículo que para adquirir una maquinaria productiva en una pequeña empresa”. La queja no deja de tener sentido, pues se trata de una dolorosa realidad.
Incluso, recientemente vimos a una entidad financiera ofreciendo créditos para una feria automovilística con tasas de interés fija a uno, tres y cinco años, de entre 7.5% y 9% anual, mientras que a la hora de pedir un préstamo para inversión, una Mipyme tiene que pagar intereses que pueden rondar el 14% y hasta más, con el riesgo de que, de todas formas, le rechacen lo solicitado.
Pero, ¿por qué eso ocurre en el sistema financiero dominicano? La respuesta está en el riesgo. Si bien un préstamo para un vehículo nuevo es un crédito de consumo, es decir, que no es necesariamente para realizar una actividad productiva, el banco se asegura de que el bien financiado no se traducirá en pérdidas en el plazo acordado.
Cuando el banco financia un vehículo nuevo, el adquiriente está en la obligación contractual de sacarle un seguro “full” a ese vehículo, cuya póliza cubre por completo su valor. En caso de que el vehículo sufra alguna catástrofe como un choque, el seguro cubrirá por completo el monto del financiamiento.
Si el cliente no puede pagar el crédito en el plazo acordado y, tomando en cuenta que tiene un seguro “full”, el banco puede incautarse del bien en garantía (vehículo) y su venta más adelante sería fácil si es por el valor de la deuda pendiente en el momento.
Pero cuando se trata de un financiamiento para una Mipyme, intervienen variables sobre las que el banco no tiene control. Por ejemplo, puede darse el caso de que el receptor del préstamo no invierta el dinero en lo que originalmente dijo que lo invertiría para obtener la tasa de retorno productivo deseada.
Otro riesgo es que el beneficiario invierta el dinero en lo que se había propuesto, pero que las condiciones de negocio cambiaron por una u otra razón y el negocio no resultó como se había planificado inicialmente.
Esos elementos de riesgo, sumados a que muchas de las Mipyme no tienen patrimonio propio para ofrecer de garantía, como el título de propiedad de un local comercial (casi siempre operan en espacios rentados), alguna maquinaria o equipo que se sustente en documentos legales (casi siempre son equipos usados o carentes de facturas de su compra inicial), lo cual impide al banco tener una garantía con valor superior al préstamo que se otorga y con posibilidad de pronta recuperación.
El 18 de febrero de este año 2020 el Gobierno promulgó la Ley 45-20 de Garantías Mobiliarias, que tiene por objeto facilitar la obtención de créditos de parte de las personas físicas o empresas poniendo como garantía bienes mobiliarios, tales como inventarios, maquinarias, equipos y otros.
El asunto es que esta legislación, de 47 páginas, establece una serie de condiciones sobre esas garantías mobiliarias, como la titularidad y tasación de esos artículos, que, como hemos dicho, no siempre están a disposición de un micro o pequeño empresario.
Si bien esta legislación puede ayudar a que las Mipyme que no cuentan con bienes inmobiliarios de garantía puedan poner como aval sus bienes mobiliarios, la realidad es que los pequeños negocios del país, aun formalizados, no necesariamente cuentan con equipos y maquinarias amparados en la formalidad.
Por eso, los bancos especializados en créditos a Mipyme y las carteras que el sector financiero destina a esos sectores, siguen siendo a tasas de interés más elevadas que el promedio, y bajo condiciones que obligan al solicitante a esperar más tiempo del necesario y a cumplir requisitos que superan su paciencia y sus posibilidades inmediatas.
Esa es un área en la que todavía falta mucho por hacer para beneficio de las Mipyme del país.
