El Congreso de Chile inicia este miércoles el debate sobre un tercer retiro anticipado de los fondos de pensiones tras los permitidos en julio y diciembre del año pasado y cuando el país atraviesa momentos críticos por la segunda ola de la pandemia, con el 74% de la población en cuarentena total.
La comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados analizará cinco iniciativas legislativas, a las que se opone el Gobierno y que fueron presentadas por parlamentarios y oficialistas, y decidirá se fusionan en una sola, pues tienen características similares.
La aprobación de un tercer retiro se da casi por asegurada, aunque ha generado mucho debate en los últimos meses y el Gobierno ha amenazado con recurrirlo en los tribunales, bajo la premisa de que cerca de 3 millones de personas ya se quedaron sin fondos y que sería una forma de hipotecar su futuro.
La contrapropuesta del Ejecutivo es acelerar un acuerdo parlamentario para reformar el criticado sistema de pensiones y aprobar más ayudas sociales, para las que se anunciaron US$6,000 millones, que se suman a los US$12,000 millones comprometidos desde el inicio de la pandemia.
Los defensores del retiro, sin embargo, opinan que la pandemia está durando más de lo previsto, que las ayudas son insuficientes y que es necesario para avanzar en la reactivación de la economía, que cayó un 5.8% en 2020.
Chile, que suma 947,783 infectados y 22,402 decesos desde el inicio de la pandemia, vive los momentos más críticos de la segunda ola iniciada en diciembre con la llegada del verano austral.
Al mismo tiempo, el país lleva a cabo un exitoso proceso de vacunación y ha logrado inocular con al menos una dosis a más de 5.8 millones de habitantes, lo que implica más del 37% de la población objetivo, una cifra que lo ha puesto a la cabeza de la inmunización en la región.
El Parlamento aprobó en julio de 2020 de forma inédita un primer retiro de un 10% de los fondos previsionales, del que se beneficiaron un 94.4% de los 11 millones de afiliados al sistema.
Los pagos realizados por las administradoras alcanzaron los US$16,000 millones, según la Superintendencia, y pese al rechazo frontal del Gobierno a aprobar la medida, luego se reconoció desde el oficialismo que tuvo impactos positivos en el consumo.
El pasado 3 de diciembre se aprobó el segundo, un proyecto promovido por el propio Ejecutivo que permitía retirar otro único 10%, pero que gravaba con impuestos la retirada de fondos a partir de 1.5 millones de pesos (cerca de US$2,000).
Ideado por José Piñera, uno de los hermanos del actual mandatario, Sebastián Piñera, e instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema de pensiones chileno fue pionero en establecer la capitalización individual del trabajador y se replicó en otros países latinoamericanos.
Los fondos son gestionados por las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los ahorros en los mercados y que son muy criticadas por las bajas pensiones que otorgan.
La transición hacia un modelo más solidario y con mejores pensiones es una de las principales demandas de la ola de protestas que estallaron en octubre de 2019.
