Desestimar un proyecto minero metalífero subterráneo como el denominado Romero, del que el Estado espera recibir con garantías explicitadas algo más del 50% de los beneficios (incluido el ISR y un aporte voluntario de la empresa por unos 53 millones de dólares), sin ofrecer explicación alguna, es una grave afectación de los principios de una buena administración pública. Como sabemos, entre sus pilares figuran la seguridad jurídica, la buena fé y la confianza legítima.
Al remitir al Poder Ejecutivo en 2018 una resolución aprobatoria de la concesión de explotación a favor del proyecto de la GoldQuest, el Ministerio de Energía y Minas generó expectativas que debieron ser respetadas y llevadas hasta sus últimas consecuencias favorables para el país, de acuerdo con los principios de congruencia y coherencia.
Pero, ¿es que en realidad existen argumentos razonables que justifiquen en concreto el silencio -por no decir el rechazo- de la pasada y presente administración política de esta iniciativa minera? Se nos ocurre que el mutismo estatal pasado y presente tiene su explicación en las mal cuantificadas consecuencias políticas de una decisión favorable al aprovechamiento de las reservas probadas de minerales de Romero.
Otra no existe: si el Ejecutivo aprueba la resolución de concesión de explotación (luego de concluidas las negociaciones de lugar y argumentadas las ventajas económicas, sociales y ambientales del proyecto) siguiría la entrega a la empresa por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de los términos de referencia (TdR) para la realización de los estudios de impacto ambiental y sociales. Las conclusiones favorables de estos estudios, en todas partes, sirven de base para la puesta en marcha de los proyectos mineros. Son la base científico-técnica de la decisión estatal en última instancia.
Sin llegar a la etapa de los IEA no debería desestimarse un proyecto en el que, hasta la fase de los estudios ambientales preliminares de primera parte, el estudio técnico-económico y otras iniciativas relativas a la fase de exploración, la parte interesada ha gastado millones de dólares.
Entendimos que esta línea de razonamiento primaría en la conducta de la autoridad competente, especialmente luego de oír personalmente al actual ministro de Energía y Minas decir lo siguiente:
“Si el estudio de impacto ambiental y social determinan que la propuesta de operación minera no cumple con los estándares ambientales requeridos, entonces la empresa minera no operará”.
Han pasado tres años desde que el MEMRD expusiera las razones de su aprobación preliminar del proyecto y 14 meses desde que el PRM asumiera la conducción política de la nación. No tenemos aprobación de la concesión de explotación ni, consecuentemente, TdR para iniciar los estudios ambientales y sociales.
Es como si nuestros dos últimos gobiernos estuvieran petrificados entre consignas de grupos de entusiastas fundamentalistas antimineros y perspectivas reales de desarrollo; entre una minería responsable y controlada de la que se derive prosperidad cuantificable y premoniciones sobre disminución del caudal de votos; entre una decisión fundamentada en juicios científico-técnicos (IEA) y ruidos mediáticos que muestran el absurdo convencimiento de que las tecnologías mineras son estáticas y que la sobrevaloración o sobredimensionamiento de los aspectos socioecológicos deben decidir la suerte de toda una nación.
Dudamos de las ventajas que se derivan de la creación de empleo formal (la nuestra es una economía informal). De la necesidad de agregar valor a la producción nacional aprobando iniciativas prometedoras y redituables. De la explotación responsable y sustentable de los recursos naturales (que ha sido posible en muchos países). De la diversificación y ampliación de nuestra rezagada y vulnerable matriz productiva. De una educación de calidad y de la generalización de los beneficios de la ciencia y las nuevas tecnologías para el bienestar de los dominicanos.
Nada de esto es posible sin la llegada de nuevas empresas y el aprovechamiento de sus tecnologías y conocimientos, no importa el sector productivo donde se localicen.
