Panamá.- La inauguración de la ampliación del Canal de Panamá se retrasará seis meses si la ACP, ente público que administra la vía interoceánica, no agiliza sus trámites burocráticos y pagos, aseguró este miércoles Giuseppe Quarta, director de GUPC, consorcio que ejecuta la obra.
“Nosotros estamos en condiciones operativas de entregar la obra en el plazo establecido” de abril próximo, pero “esto es imposible” si la Administración del Canal de Panamá (ACP) mantiene su actual “ritmo burocrático y de pagos”, lo que retrasará al menos seis meses la inauguración, explicó en una entrevista con Efe el director de Grupo Unidos por el Canal (GUPC).
Según el italiano Quarta, el problema en el retraso no se debe a las fisuras y filtraciones de agua detectadas recientemente en las paredes de tres de los escalones de las nuevas esclusas, de lo que se ha responsabilizado GUPC a todos los efectos y que estarán “totalmente reparadas el próximo enero”.
Esa falla “fue un golpe muy duro”, admitió Quarta, y lo atribuyó a “un problema de diseño de detalle de armadura del proyectista de GUPC”.
Antes de detectar esas fisuras “íbamos viento en popa a toda vela pero, no obstante, la reacción ha sido también rapidísima con la incorporación de 100 especialistas y, sobre todo, de 20 máquinas de perforación, que no las tiene ninguna obra en el mundo”, dijo el director de GUPC.
Quartas insistió en que el problema ahora es el mismo que han tenido durante toda la obra, la “excesiva e inexplicable demora en todos los trámites burocráticos, certificaciones y, por tanto, en los pagos establecidos por contrato” por parte de la ACP.
“Yo he realizado obras en muchos lugares del mundo para administraciones públicas -señaló- y jamás había visto esto”, que cualquier firma para cualquier pago debe pasar por cinco manos que se demoran indefinidamente “en nombre de la seguridad”.
“Está bien y es necesario ponerse el cinturón de seguridad, pero si te pones cuatro te puedes asfixiar”, dijo de forma caricaturesca para describir la situación.
Esto se ha agudizado desde que asumió el Gobierno de Panamá el presidente Juan Carlos Varela porque, según Quarta, la ACP pone como excusa que se ha iniciado una revisión judicial exhaustiva de toda actuación política y administrativa y proyectos en marcha, sobre todo en relación con la herencia que dejó el anterior gobernante, Ricardo Martinelli.
Por norma, consideró, la ACP siempre retrasa al máximo “los pagos que debe hacer según lo establecido por contrato” y “nunca ha aceptado de forma conciliatoria alguno de nuestros reclamos sin tener que agotar todas las instancias de arbitraje”.
“Cuando llegamos, después de intercambiar un sinfín de preguntas y respuestas, a una audiencia para atender un reclamo y que decida el órgano de arbitraje, la ACP se presenta con nuevos argumentos que antes no había presentado y obliga a retrasar todo”, explicó el director de GUPC.
Efe tuvo acceso a un correo electrónico del pasado 3 de diciembre del presidente del tribunal internacional de arbitraje, Bernard Hanotiau, del despacho de abogados belga Hanotiau & Van den Berg, que atiende uno de los reclamos de GUPC que la ACP no acepta, en el que anuncia el aplazamiento hasta julio de 2016 de una audiencia debido a la forma dilatoria, denunciada por Quarta, de proceder del ente de administración del canal.
“No es una crítica pero, al mismo tiempo, el Tribunal entiende la posición del reclamante (GUPC) de que no es posible para ellos, en tales circunstancias, prepararse adecuadamente para esta audiencia”, señala Hanotiau, en referencia a la forma y el contenido de los alegatos de la ACP.
En concreto, y en síntesis, Hanotiau explica, por ejemplo, que la ACP ha presentado a última hora y sin haber compartido antes con GUPC “más de 415 nuevas exposiciones, anexos y disposiciones legales”.
Quarta explicó a Efe que, independientemente de cómo se están resolviendo los reclamos en las diferente instancias de arbitraje, la ACP, por ejemplo, le mantiene actualmente congelado a GUPC un pago corriente de 250 millones de dólares.
GUPC, compuesto por las constructoras española Sacyr, la italiana Salini Impregilo, la belga Jan del Nul Group y la panameña Constructora Urbana, tuvo que suspender temporalmente en febrero de 2014 las obras de ampliación del canal de Panamá por un problema de liquidez que les causó unos sobrecostes que ya han alcanzado más de 2.300 millones de dólares y que actualmente están en litigio.
