El Gobierno de Panamá creó un “fondo económico especial para la seguridad y protección de áreas específicas” del Canal interoceánico, bajo la administración de la policía aeronaval y supervisado por el Ministerio de Seguridad y cuya información contable estará bajo confidencialidad.
El mecanismo surge en el marco del reforzamiento de la seguridad de la vía bajo soberanía panameña, tras la reciente creación de un comando conjunto encargado de resguardar siete áreas clave frente a amenazas cibernéticas, ambientales, sociales y del crimen transnacional.
La decisión se produce tras la desescalada de tensiones con Washington, fruto de las amenazas desde finales de 2024 del actual presidente estadounidense, Donald Trump, sobre “recuperar” el canal, administrado por EE.UU. durante el siglo XX, por la supuesta influencia china.
La controversia se saldó, entre otras medidas, con la firma de un polémico memorando bilateral de seguridad en abril de 2025 entre Panamá y EE.UU. y la posterior decisión este año del Supremo panameño de declarar “inconstitucional” el contrato de concesión que poseía la filial de una empresa hongkonesa sobre dos puertos situados en los alrededores del Canal interoceánico.
En este contexto, el nuevo fondo ha sido creado por medio de una resolución de 15 artículos publicada esta semana en la Gaceta Oficial (Boletín) con la firma del actual ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego.
Según un exadministrador del Canal de Panamá consultado este martes por EFE, se trata de una medida novedosa.
La creación de este fondo ha suscitado algunas críticas, como la del diputado independiente Betserai Richards, que cuestionó en X la necesidad de declarar confidencial la información económica: “Por 26 años hemos protegido el Canal sin necesidad de un fondo secreto, ¿por qué crear más opacidad en torno a los recursos públicos?”.
De acuerdo con el artículo duodécimo del texto, la documentación, planes de despliegue y registros contables tendrán “carácter reservado y confidencial, en virtud de la tutela de la seguridad nacional y la protección de la infraestructura crítica del Canal”.
Los recursos se aplicarán a financiar operaciones tácticas y estratégicas de vigilancia en el Canal, sufragar costos de funcionamiento, logística, mantenimiento, adquisición tecnológica, infraestructura de seguridad, equipamiento especializado y gastos imprevistos debidamente justificados para garantizar el cumplimiento de las misiones asignadas, según la información.
El Tratado de Neutralidad, firmado en 1977 dentro de los Tratados Torrijos-Carter que establecieron la devolución de la vía a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, dicta que el Canal de Panamá debe permanecer neutral, seguro y abierto al tránsito pacífico de naves de todas las naciones, en igualdad de condiciones, tanto en paz como en guerra.
Además, dispone que solo Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas e instalaciones militares en su territorio. En su artículo cuarto ampara que “Panamá y los Estados Unidos de América convienen en mantener el régimen de neutralidad”.
