Los maestros realizaron este viernes una huelga en reclamo de una subida salarial, lo que paralizó las clases en numerosas escuelas públicas del país.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) dijo a Efe que la huelga está teniendo un seguimiento del 100 % a nivel nacional, pero desde el Gobierno desmintieron esos números y aseguraron que se han impartido clases con normalidad en algunos centros educativos.
Los profesores exigen una subida salarial del 25 % y el cumplimiento de un acuerdo firmado con el Gobierno en 2021 que contempla una serie de beneficios para los maestros, tales como seguridad social, la mejoría del plan de pensiones o la instalación de un tribunal de carrera docente.
Durante una marcha desarrollada en el Distrito Nacional de la capital dominicana, una de las muchas movilizaciones llevadas a cabo en el país, los profesores manifestaron su rechazo a la oferta de una subida del 7 % planteada por el Ministerio de Educación.
El salario de los maestros dominicanos ronda en promedio los 57,000 pesos mensuales.
El director de uno de los distritos educativos de Santo Domingo, Danilo de la Cruz, reconoció el derecho de los docentes a protestar, pero consideró que este es un llamado “extemporáneo” que obedece a “un oportunismo del presidente de la ADP”, Eduardo Hidalgo.
Asimismo, y contradiciendo a la ADP en las cifras de seguimiento, “hay centros educativos que están impartiendo docencia normal”, mientras que en otros hubo que devolver a sus casas a los niños que acudieron a clase, puesto que no había personal en las escuelas.
La organización World Vision pidió ayer a la ADP que reflexione sobre el perjuicio que supone “la detención de la docencia escolar no justificada”, y consideró “inadmisible que se produzcan convocatorias como esta”, tras dos años de inactividad a causa de la crisis sanitaria.
También la Federación de Padres, Madres y Amigos de las Escuelas rechazó el llamado a paro de los profesores, puesto que los perjudicados son los estudiantes, tal y como señalan a la ADP en un comunicado en el que consideran que la paralización de la docencia está “injustificada”.
