Pocas propuestas legislativas han causado un repudio tan generalizado, vocal y público como aquella recientemente aprobada por la Cámara de Diputados para la creación de la nueva provincia “Ramón Matías Mella”. Ya nuestra media isla se encuentra fragmentada en 31 provincias y un Distrito Nacional, los que se subdividen en 158 municipios y 238 distritos municipales. ¿Por qué atomizar más aún nuestro territorio nacional?
Cuando República Dominicana se independizó en el año 1844 contábamos con cinco provincias: Azua, Distrito Nacional, El Seibo, Santiago y La Vega, y la extensión superficial del país (48,442 kilómetros cuadrados) se mantiene invariable. No obstante, es legítimo y correcto que, en los últimos 180 años, hayamos creado más provincias para mejorar la administración territorial y acercar el gobierno local a los centros de población.
La unidad de administración local en cada país debe corresponder al ordenamiento racional del territorio, procurando que las autoridades provinciales compartan vínculos y cercanía con la población. Pero de ahí a crear una supernumeraria estructura burocrática y administrativa, cuya única función racional es la de crear nuevos cargos electorales y puestos en el tren de la administración pública a ser llenados, excede de lo correcto y legítimo.
En primer término, para los que dicen que la creación de una nueva provincia -que implica crear un escaño senatorial, uno o más escaños de diputaciones, al menos un municipio, una gobernación provincial y todas las dependencias del Gobierno Central que deben establecerse en el municipio cabecera- es necesaria para estar cerca de la gente, la respuesta es la siguiente: ¿por qué no crear un distrito municipal o hasta un municipio?
No obstante, aún bajo ese supuesto, todavía se plantea la pregunta de por qué, con una población de aproximadamente 11 millones de dominicanos, necesitamos 158 municipios. Lejos de crear cercanía y eficiencia, esta fragmentación aumenta la duplicidad de funciones, los gastos innecesarios, obstaculiza la fiscalización y, en el fondo, crea más burocracia.
Desde hace años queda pendiente en el Congreso Nacional el proyecto de ley de ordenamiento territorial, un mandato constitucional que ayudaría no solo a establecer parámetros respecto a este tipo de situación, sino que vendría a normar en sentido general el uso de suelo. Lamentablemente, los congresistas aparentan tener mayor prisa e interés en atomizar el territorio nacional que en regular el tema con una ley.
Asimismo, la Constitución establece que el territorio debe ser ordenado de forma “racional”. Como está dividido en la actualidad, poco tiene de racionalidad, y dividirlo más es contrario a lo racional. ¿Seguiremos tomando acciones contrarias a la Constitución?
Finalmente, es de amplio conocimiento que el proponente en el Congreso Nacional de esta iniciativa ha comentado en foros públicos desea que se apruebe esta iniciativa para ser el único congresista que ha impulsado la creación de dos provincias. Es otra muestra lamentable de que en el 2022 todavía prevalecen caprichos personales de ciertos estamentos políticos y públicos en detrimento del interés nacional.
