El proceso legislativo de aprobación de un proyecto de ley, a los fines de que sea remitido al Poder Ejecutivo para su firma u observación es altamente complejo e implica la participación de múltiples actores. En cada hemiciclo -Cámara de Diputados y Senado- hay un proceso interno para el conocimiento y aprobación de cada proyecto, algo que va mucho más allá de la mera aprobación mediante el voto de los legisladores.
La razón que justifica el procedimiento legislativo interno se debe a la complejidad e importancia de la tarea legislativa, pues aprobar una ley requiere de estudio previo y un amplio conocimiento de la materia. En sentido general, uno de los pasos más importantes es la remisión de un proyecto de ley a una comisión que se encarga de estudiarlo, recabar las observaciones del público y rendir un informe al hemiciclo sobre su pertinencia o no.
El Congreso realiza esta labor compleja y laboriosa debido a que es un contrapeso al Poder Ejecutivo, que en un sistema presidencialista como el que contamos en nuestro país, suele ser el poder del Estado con mayor incidencia en las políticas públicas. Pero el Congreso es un poder que cuenta con independencia y que tiene una obligación de conocer los proyectos de ley y ejercer sus funciones en una forma que responda a las inquietudes de la sociedad en sentido general.
De hecho, también resulta evidente la complejidad del proceso por el mero hecho de que el Poder Ejecutivo no es un sello gomígrafo de lo que sea aprobado por el Congreso Nacional, y puede observar las leyes aprobadas. Esto es parte del balance entre los poderes que está previsto en la concepción tradicional de los tres poderes del Estado, y que lo consagra nuestra Constitución.
Hacemos todo este preámbulo debido a que se puede observar con preocupación como se ha desvirtuado tanto la función del Congreso así como la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo en recientes proyectos de ley que han sido sometidos al conocimiento del primero. Cuando el partido que se encuentra al frente de la Presidencia también tiene mayoría congresual, es doblemente importante que el Congreso cuide su función para que no resulte comprometido ante la sociedad.
Resulta cuesta arriba que el Poder Ejecutivo hoy alegue que no tiene el poder ni la competencia para intervenir en el conocimiento de ciertos proyectos -por ejemplo, la propuesta de modificación del proyecto de Código Penal para incluir las tres causales- pero sí tiene el derecho y el poder para imponer a toda costa otros proyectos. Esta incongruencia tiene como efecto reducir la legitimidad del Congreso Nacional y de su obra legislativa, así como poner en tela de juicio si está velando por los mejores intereses de la sociedad.
El conocimiento de proyectos de ley por el Congreso debe tomar en cuenta las opiniones y retroalimentación recibida por todos los integrantes de la sociedad, que incluye a otros actores políticos como el Poder Ejecutivo. Pero si el Ejecutivo tiene la potestad de imponer en el Congreso una ley cuestionada por amplios sectores, se afecta la legitimidad de la ley aprobada, así como de la labor del Congreso, lo que haría que toda la sociedad sufra los efectos nocivos a la institucionalidad.
