Luego de haber empezado el año con una inflación alimentaria del 9.3% en 2022 y alcanzar un máximo de 13.2% en junio, las medidas tomadas para frenar el alza de los precios solo lograrían mantener “estable” ese indicador en 9%, pues a octubre se posicionó en 9.9%.
Así lo muestra la actualización del Food Security de diciembre del 2022, elaborado por el Banco Mundial. Como resultado, de acuerdo ReliefWeb, cerca de 1.55 millones de personas en el país (es decir, 15% de la población analizada) se enfrenta a una alta y/o aguda inseguridad alimentaria.
Tal como detalla el informe que comprende desde octubre de 2022 a febrero de 2023 -un período que califican de gran escasez de alimentos y bajo nivel de empleo- la mayor parte las provincias de la República Dominicana fueron clasificadas en Fase 2 (Estresada), a excepción de las provincias de Bahoruco, Elías Piña, La Altagracia, Monte Plata, Pedernales y San Juan, clasificado en Fase 3 (Crisis).
El aumento de los precios de los alimentos, y en particular de granos básicos, llevó a que muchos de eso costos alcanzaran el nivel más alto en los últimos 15 años. Los índices se dan en medio de un contexto de creciente inflación y costos de la canasta básica que ha afectado el acceso a consumo.
De hecho, un informe titulado Seguridad Alimentaria en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México y Haití, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también señala que, a nivel doméstico, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 10.4% entre agosto 2021 y agosto 2022, similar a lo que se observó un año atrás (10.7% respecto a agosto 2020). El promedio 2009-2019 fue de un 4.4%.
Se trata de una “problemática” que afectó por igual a gran parte de la región. Ante esa realidad, los países respondieron al choque de precios de alimentos en diferentes magnitudes. República Dominicana y Guatemala, por ejemplo, reaccionaron con una amplia gama de medidas, mientras que en Nicaragua, Belice, Costa Rica, Honduras y Panamá fueron más “acotadas”.
En caso local, los recursos destinados por el Gobierno a la producción o comercialización de alimentos sumaron RD$2,678.8 millones en el primer semestre de 2022. De ese monto, RD$1,223.8 millones correspondieron al subsidio a los fertilizantes y RD$828.1 millones a la harina.
También, se asignaron RD$200.9 millones en ayuda a los productores de pollo y los restantes RD$426 millones se utilizaron a través del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) para las ventas de combos. Eso sin mencionar los aumentos de tasa de políticas monetarias.
Las medidas fueron tomadas tras la crisis resultante del conflicto entre Rusia y Ucrania que afectó el sistema alimentario mundial, con repercusiones en los precios de los alimentos, combustibles y fertilizantes. De acuerdo con el informe de ReliefWeb, el conflicto tuvo un impacto directo en el acceso a los alimentos a nivel nacional.
Región
En el resto de la región, la situación fue similar. En Colombia, desde la invasión rusa a Ucrania, el desabasto “ha sido recurrente” destaca el Banco Mundial, pues más de 30% de fertilizantes se importa de Rusia.
Como resultado de las sanciones, indica que los precios de los insumos para la fabricación de fertilizantes aumentaron hasta en un 80%, y como consecuencia, incrementaron el costo de los alimentos. Es así como, durante todo el 2022, la inflación alimentaria en Colombia se mantuvo sobre el 20%.
En Perú, la sequía, y otros eventos climáticos, podrían disminuir la producción de papa hasta en un 40%, señala el informe. Es así como podría conducir a un desabastecimiento en los mercados mayoristas de Lima y otras regiones del país, advirtió el Gremio para la Protección de Cultivos de la Cámara de Comercio de Lima.
De hecho, Perú vive una de las peores sequías en 10 años, que afecta principalmente a la sierra sur y central. Desde marzo, su inflación en los alimentos está sobre el 11%. En Haití, la actualización de noviembre de la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna informa que la violencia de pandillas y el aumento de los precios continúan dando lugar a una situación de seguridad alimentaria de emergencia (IPC Fase 4).
En el resto de la vecina nación, la mayoría de las áreas están en Crisis (Fase 3). El incremento en los precios del transporte público efectuado por el gobierno está más del 200% por encima de los establecidos en diciembre de 2021, advierte el Banco Mundial. Como resultado, el costo de los productos alimenticios básicos continúa subiendo en un contexto de depreciación del gourde frente al dólar, que calificaron de “galopante”.
Medidas del gobierno
El pasado 27 de febrero, el presidente de la República aprobó un paquete de subsidios dirigidos a los pobres, como respuesta a la elevada inflación y a la amenaza económica que suponía la guerra en Ucrania. El beneficio impactó a por lo menos 300,000 personas con diversos programas sociales (con el reto de focalización), incluyendo ayudas directas, subsidios al GLP y la duplicación del número de comedores populares, que atenderían a 136,000 personas por día.
Las medidas incluían transferencias de apoyo directo a los más necesitados tales como los programas especiales de venta de comida, aumento de las transferencias a la tarjeta Supérate (que duplicaron su monto a $1,650 para el componente Aliméntate y aumentaron su cobertura desde 2021).
