El Senado aprobó en segunda lectura este miércoles y convirtió en ley el proyecto de Fideicomiso Público, que tiene la capacidad legal para administrar recursos estatales y gestionar y ejecutar obras y proyectos de infraestructura o servicios de interés colectivo.
El proyecto recibió el apoyo de 18 senadores, mientras ocho votaron en contra. Convertido en ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
La pieza establece normas y requerimientos para que cualquier ente público autorizado pueda actuar como fideicomitente, fideicomisario o beneficiario, así como también, instruir regulaciones para el funcionamiento del fideicomiso público al momento de su constitución durante su existencia y al momento de su terminación desde la óptica legal, contable, financiera, administrativa y de rendición de cuentas.
El Gobierno de Luis Abinader ha impulsado su aprobación con el propósito de asociarse al sector privado para impulsar proyectos en varios campos de inversión.
Sin embargo, sectores políticos y de otros áreas de la sociedad, han mostrado su recelo con el proyecto, bajo el argumento de que el mismo podría derivar en la “privatización” de servicios públicos y que su administración, por parte del sector privado, podría caer en la “opacidad”
