San Juan.- El gobernador Alejandro García Padilla advirtió el miércoles que Puerto Rico incurrirá en un impago de las deudas que vencen el próximo 1 de mayo y que superan los 400 millones de dólares.
“El próximo lunes hay un impago. Lo estoy diciendo hoy”, sostuvo el gobernador, tras afirmar que no ve posibilidades de que antes de esa fecha el Gobierno de Puerto Rico obtenga el dinero que necesita para realizar esos pagos.
García Padilla expresó además dudas de que antes de esa fecha se produzca un acuerdo con acreedores que evite incurrir en algún tipo de impago.
“Estamos trabajando unos acuerdos con los acreedores para que Puerto Rico se vea menos perjudicado”, dijo. “Pero, un acuerdo que impida por completo un impago, no creo que se logre”.
Puerto Rico arrastra una deuda pública cercana a los 70.000 millones de dólares, que el propio gobernador ha dicho reiteradamente que es impagable en los términos en que fue negociada.
García Padilla mantiene la posición de que no sacrificará servicios esenciales a la población para cumplir con el pago de la deuda.
Los esfuerzos del Gobierno por obtener o crear un mecanismo legal que le permita manejar una reestructuración ordenada de su deuda no han dado resultados hasta ahora.
La legislación aprobada en la isla para permitir a las corporaciones públicas y municipios declararse en quiebra y protegerse así de los acreedores fue declarada inconstitucional por el tribunal federal de Estados Unidos en San Juan.
Ahora está bajo evaluación del Tribunal Supremo norteamericano, que se espera emita una decisión en algún momento de junio.
Las gestiones para que el Congreso de Estados Unidos apruebe algún mecanismo que permita esa reestructuración también están detenidas y no se espera acción alguna en esa dirección hasta finales de mayo y posiblemente junio.
La única opción que le queda al Gobierno puertorriqueño es la negociación voluntaria con los acreedores en busca de que estos acepten ajustes en las deudas que poseen del Gobierno central o sus corporaciones.
Hasta ahora el único acuerdo logrado es con acreedores de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que representa alivios en el servicio de la deuda de dicha corporación pública.
