París.- El cambio climático plantea escenarios de riesgo para los activos financieros, en la mayoría de los casos desconocidos por los inversores, por lo que los expertos internacionales en esta materia reclaman a los países nuevos marcos regulatorios que tengan en cuenta la variable del calentamiento.
Expertos de instituciones medioambientales y financieras reunidos martes y miércoles en París por el Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI) coinciden en la necesidad de regulación que proporcione transparencia para que la gente “entienda los riesgos climáticos” y tome decisiones de inversión “coherentes”.
“Los inversores deben empezar a plantearse si lo que es rentable hoy lo será en 10 o 20 años” en un mundo con eventos climáticos extremos más frecuentes e intensos y donde cerca de 200 países se han comprometido a abandonar progresivamente los combustibles fósiles, indicó en esa conferencia Paula Caballero, directora de Medio Ambiente del Banco Mundial.
A pesar del consenso científico en torno a los escenarios de desastres naturales que plantea el calentamiento, expertos consultados por Efe sostienen que la mayoría de las empresas “ocultan” el riesgo climático a sus inversores.
Riesgos como, por ejemplo, la posibilidad de que una infraestructura en la que un inversor pone su dinero acabe arrasada por una inundación, y o bien se pierda la inversión o no exista el retorno esperado.
En la misma línea, la mayoría de los fondos de pensiones poseen inversiones muy intensas en carbono (carbón, petróleo…) que “van a dejar de tener sentido”, apostilló el director del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Francia, Pascal Canfin.
Actualmente existe un “enorme” vacío legal y de transparencia en esta materia, por lo que ni las compañías están obligadas a informar del riesgo ni los inversores pueden pedir responsabilidades patrimoniales en caso de perder el capital o no recibir los retornos esperados.
“Estamos ante un proceso de cambio hacia un nuevo modelo de desarrollo que va a ocurrir sí o sí, por lo que es importante activar sistemas regulatorios que disminuyan las incertidumbres financieras”, apuntó la directora del IDDRI, Teresa Ribera.
En la actualidad, sólo entre un 0,5 % y un 0,6 % de los flujos financieros globales hacen cálculos de riesgos climáticos y rechazan invertir donde existen, entre ellos el Global Pension Fund noruego, el mayor fondo soberano del mundo, o los fondos de pensiones públicos de California.
Una de las pocas entidades financieras que ya cuenta con una unidad dedicada a evaluar el riesgo climático de las inversiones, para dar mayor seguridad a sus clientes a la hora de garantizar los retornos, es BNP Paribas, explicó Helena Viñes, responsable de sostenibilidad de este banco.
Viñes alertó de que la vuelta de tuerca a los mercados financieros hacia activos más sostenibles debe producirse “ya”, y sostuvo que lo único que puede acelerar el cambio es “la regulación, como un impuesto al carbono lo suficientemente alto que mueva las inversiones en otro sentido”.
Los expertos reunidos en París estos dos días coinciden en que el “punto de inflexión” se producirá cuando entre un 5% y un 6% de los grandes flujos financieros se nieguen a invertir en nada que implique riesgo climático y dirijan el dinero hacia activos en consonancia con un nuevo modelo de desarrollo.
Activos como las renovables -incidió Alison Tate, directora de políticas sociales de la Confederación Sindical Internacional- que demandarán, como mínimo, “30 billones de dólares de inversión entre ahora y 2030”.
El presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez, advirtió de que las “perspectivas de inversiones en el mercado energético, en particular en generación, ya están cambiando drásticamente”.
En el último año, según sus datos, “se invirtió más en generación renovable que en base a combustibles fósiles”, y “este proceso se aceleraría si se retiraran las subvenciones a los fósiles, que son cinco veces más que las energías renovables”.
Expertos como Ribera recomendaron también a los países diseñar estrategias de financiación para “acompañar socialmente” a los colectivos más vulnerables en este cambio hacia un modelo de desarrollo económico bajo en carbono, como el de los trabajadores del sector de los combustibles fósiles.
