Ha sido una muestra de transparencia estatal el hecho de que la Contraloría General de la República publique los informes de auditoría practicados a instituciones del Estado en la presente gestión, sin ocultar las irregularidades detectadas.
Si bien es posible que esos informes no tengan fuerza probatoria en caso de un sometimiento a la Justicia, sirven para que la ciudadanía conozca la forma en que se vienen manejando determinados funcionarios, algunos de los cuales aspiran a cargos electivos, mientras también abren un espacio para que el Presidente tome decisiones de sustitución en los casos que corresponda.
Y ese es el punto. La detección de irregularidades en la administración pública no puede quedarse solo en la publicación en medios de comunicación, sino en acciones efectivas de control y de aplicación de régimen de consecuencias, aunque eso no implique, necesariamente, acciones de sometimiento a la Justicia. Falta por hacer.
