“Tenemos que eliminar la mala práctica de recibir bienes y servicios sin tener contrato registrado y certificado por la Contraloría”, advirtió el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, al dirigirse a colaboradores de la Contraloría General de la República (CGR).
El funcionario explicó que este tipo de actuaciones no solo generan controversias y demandas, sino que además dificultan la posibilidad de honrar posteriormente esos compromisos, afectando la seguridad jurídica y la correcta gestión de los recursos públicos.
El señalamiento fue hecho durante una jornada formativa organizada por la CGR, orientada a fortalecer las capacidades institucionales frente a la entrada en vigencia de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, un marco normativo que redefine los estándares de control, transparencia y eficiencia en la Administración estatal.
Durante su intervención, Pimentel destacó que la nueva legislación introduce un cambio sustancial en la forma de gestionar las compras públicas, al priorizar un enfoque preventivo basado en la gestión de riesgos y el cumplimiento estricto de los procesos legales. Subrayó que la formalización de los contratos es un elemento esencial para garantizar la trazabilidad, la rendición de cuentas y la protección del interés público.
El contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, valoró positivamente el alcance de esta actualización normativa, destacando su impacto directo en el fortalecimiento del control interno.
“Esta conferencia es una muestra de compromiso institucional y una oportunidad de oro para reiterar que no existen argumentos ni urgencias que le permitan a las instituciones realizar procesos o registros de contratos fuera de la ley y del marco legal”, enfatizó.
La jornada permitió a los colaboradores de la Contraloría conocer de manera integral los principales ejes de la normativa, que promueve la integridad en cada fase del proceso de contratación, la profesionalización de los actores involucrados y el fortalecimiento del rol rector en la supervisión y regulación del sistema.
En el desarrollo de la conferencia, también se abordaron los criterios para la selección de los procedimientos de contratación, atendiendo a la cuantía y la naturaleza de los bienes, servicios u obras, así como la incorporación de modalidades más ágiles que buscan mejorar la eficiencia sin comprometer la transparencia.
Asimismo, se explicó el nuevo enfoque en la evaluación de las ofertas, que trasciende el criterio del menor precio para incorporar el concepto de “valor por dinero”, considerando variables técnicas, económicas y de sostenibilidad, en consonancia con las mejores prácticas internacionales.
Pimentel destacó además el fortalecimiento de los comités de compras y contrataciones, cuyos integrantes deberán cumplir con procesos de formación continua, así como la ampliación de las atribuciones del órgano rector, lo que permitirá un mayor control y seguimiento en cada etapa de los procesos.
Otro aspecto relevante expuesto por el director de la DGCP fue la regulación de las modificaciones contractuales, que ahora cuentan con límites y condiciones más definidos, orientados a salvaguardar el interés público, junto a un régimen sancionador más equilibrado que procura garantizar la responsabilidad administrativa sin vulnerar derechos, contribuyendo así a una mayor confianza en el sistema.
De igual forma, hizo referencia al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (Eficompras), concebido como una herramienta esencial para la digitalización de los procesos, el acceso a la información en tiempo real y el fortalecimiento de la transparencia institucional.
En la actividad estuvieron presentes el subcontralor Cecilio Disla; el responsable de Auditorías Especiales, Rolando Saldívar; la directora de Recursos Humanos, Fabiola Acosta, así como directores, encargados y colaboradores de la institución.
