El contralor general de República, Geraldo Espinosa, emitió la Circular IN-CGR-CIR-2026-0005, mediante la cual se establecen los lineamientos técnicos para el registro, la trazabilidad, transparencia y correcta gestión financiera de las cesiones de contratos de obras, bienes y servicios suscritos por las instituciones del Estado a partir del 6 de julio de 2026.
La disposición, dirigida a ministros, directores generales, titulares de instituciones descentralizadas, autónomas y de la Seguridad Social, así como a todas las entidades bajo el ámbito de aplicación de la Ley 10-07, responde a las nuevas acciones contenidas en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, y procura uniformar el tratamiento de las cesiones contractuales para fortalecer la trazabilidad de las operaciones, la consistencia de los registros financieros y la transparencia en la administración pública.
El contralor destacó que “la circular representa un paso importante para garantizar que las cesiones de contratos se realicen bajo criterios técnicos claros y con mecanismos que permitan dar seguimiento a cada operación desde su origen hasta su culminación”.
El funcionario sostuvo que una meta fundamental es la firma de un contrato tripartito que garantice la responsabilidad solidaria ante el Estado, representado por la institución contratante, el beneficiario original (cedente) y el cesionario. También se establece el correcto procedimiento de registro y pagos para cada una de las partes.
Asimismo, dispone que la entidad contratante verifique previamente que el cesionario reúna las mismas condiciones técnicas, legales y financieras exigidas para la adjudicación original y que se encuentre registrado como beneficiario en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (Sigef).
De igual manera, la circular dispone que las cesiones deberán cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 151 de la Ley 47-25, el cual limita este procedimiento a casos excepcionales y de interés público, además de prohibirlo en determinados tipos de contratos y etapas de ejecución. También exige la elaboración de un informe técnico que justifique la cesión y detalle el estado financiero y físico del contrato antes de autorizarla.
Como parte de las medidas de control, la Contraloría instruye que toda cesión sea registrada mediante una adenda al contrato original en el Sistema Trámite Regular Estructurado (TRE Contrato), para permitir identificar con precisión los montos cedidos, los saldos pendientes, las garantías vigentes y las responsabilidades que asume cada una de las partes. Asimismo, los libramientos de pago deberán registrarse en el Sigef a nombre del beneficiario que corresponda, en atención a preservar la integridad y trazabilidad de la información financiera.
“Estas medidas permiten evitar la duplicidad de registros, corregir vacíos en los procesos administrativos y fortalecer la transparencia en las operaciones del Estado. Cada cesión deberá reflejarse con claridad en los sistemas financieros, garantizando información confiable para la toma de decisiones y la rendición de cuentas”, enfatizó Espinosa.
La circular también establece que las instituciones podrán realizar adendas individuales tanto con el cedente como con el cesionario, respetando los límites establecidos por la legislación vigente y manteniendo la proporcionalidad de los montos derivados de la cesión. Además, dispone que las garantías exigidas por la Ley núm. 47-25 deberán ser asumidas por el cesionario en la proporción correspondiente al monto transferido, preservando la protección del interés público durante toda la ejecución contractual.
La circular aplicará para todas las cesiones de contratos que se suscriban a partir del 6 de julio de 2026, mientras que las formalizadas con anterioridad a la referida fecha continuarán rigiéndose por la normativa vigente al momento de su suscripción. La misma se encuentra colgada en la página web de la Contraloría https://contraloria.gob.do para garantizar su conocimiento y correcta implementación por parte de los organismos públicos.
