El desarrollo rural está definido como un proceso de crecimiento y revitalización equilibrado, integrado y autosostenible, destinado a mejorar las condiciones de vida de la población local a través de cuatro dimensiones: económica, sociocultural, político administrativa y medioambiental (Redex, s/f).
El objetivo del desarrollo rural está vinculado a la mejora de la calidad de vida en las comunidades, mediante el incremento en los niveles de renta, mejora de trabajo y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. El desarrollo rural está concebido como un instrumento idóneo para la reducción de la pobreza, y como un mecanismo para asegurar la dotación de productos agropecuarios para la seguridad agroalimentaria.
Sin embargo, para que el desarrollo rural sea efectivo, debe partir de una política pública coherente, de largo alcance, que involucre a los actores clave de las comunidades con el uso de metodologías asertivas a partir del estudio de las mejores prácticas, y estableciendo procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto. Así también, el desarrollo rural es una apuesta al campo en donde se espera que, junto a la disminución de la pobreza, las comunidades tengan acceso a servicios básicos como salud, educación y agua, entre otros.
Pero para promover el desarrollo rural, además de tener una adecuada política estatal, es preciso contar con una gestión oportuna y pertinente del territorio, con planes de corto y mediano plazos elaborados con la participación de los comunitarios, a fin de que haya una corresponsabilidad en los resultados.
Las políticas, medidas y acciones para el fomento del desarrollo rural deben convertirse en un potencializador de la economía rural en donde, en adición a la expansión de la agricultura, las regiones locales logren generar diversas actividades productivas, tales como el procesamiento y la comercialización de los productos agrícolas, el turismo local, la minería, artesanía y cualesquiera otra que muestren un potencial de crecimiento vinculado al desarrollo local de marras.
Según Julio Berdegué, representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el mundo rural y agrícola de América Latina y el Caribe es una pieza clave de la seguridad alimentaria mundial, pues produce alimentos para cientos de millones, alberga el 50% de la biodiversidad global y tiene el 30% de los suelos arables. En esa misma línea, Berdegué refiere que “el agro, los sistemas alimentarios y el medio rural son parte de la solución para dinamizar el desarrollo de la región y representan una oportunidad que no se puede desaprovechar”.
En ese mismo contexto, siempre se ha afirmado que República Dominicana es un país eminentemente agrícola, en donde la población rural, en su momento, era mayoritaria y con un elevado potencial de desarrollo. No obstante, el crecimiento de las zonas urbanas durante las últimas cuatro décadas ha sido impresionante, mostrándose un abandono de la zona rural a pesar de su potencial.
Pero ya es hora de mirar de nuevo al campo, es momento del desarrollo rural integral, con políticas de desarrollo rural coherentes y articuladas, en donde los actores institucionales se desprendan del protagonismo individual y aúnen esfuerzos para lograr una mejor calidad de vida de la población que habita en el campo. Finalmente, se debe recordar que, si el campo no produce, la ciudad no come.
