Los impuestos a las emisiones de carbono de los combustibles de vehículos se han reducido entre 2021 y 2023 por las medidas para atenuar el efecto de la inflación y la escalada del precio de los hidrocarburos, con las excepciones en particular de países latinoamericanos como Chile, Argentina o México.
Esta es una de las principales conclusiones de un informe de la OCDE publicado este lunes sobre la fiscalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en 72 países analizados que representan alrededor del 80% del total mundial.
En la inmensa mayoría de esos países, los Gobiernos trataron de minimizar el impacto para los conductores del incremento del precio de los carburantes de origen fósil motivado sobre todo por la invasión rusa de Ucrania.
Eso se tradujo en rebajas del tipo impositivo aplicado al dióxido de carbono (CO2), ya sea en forma de impuesto sobre los carburantes, tasa de carbono o precio sobre los permisos de emisión, que llegaron a ser de hasta el 55% en Turquía o del 48% en India.
Esas caídas de la fiscalidad fueron también muy significativas entre esos dos años en países ricos como Reino Unido (18%), Australia (13%), Italia (12%) Alemania (11%), Estados Unidos (10%), España (10%) o Francia (6%).
Sin embargo, la evolución fue precisamente la inversa en Chile, con un incremento del 60% entre 2021 y 2023, Indonesia (38%), Argentina (28%), México (12%), Colombia (6%), Canadá (5%) y Costa Rica (2%).
Más allá de esta evolución en los combustibles para vehículos, que va en dirección contraria a la preconizada para desincentivar el uso de combustibles fósiles para intentar contener el calentamiento global, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) percibe progresos en la tarificación del carbono.
Por un lado, el porcentaje de CO2 cubierto por sistemas de intercambios de cuotas de emisión se duplicó con creces entre 2018 y 2021, al pasar del 13% al 27%.
En términos más generales, alrededor del 58% de los 40,000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero no estaban sometidas a alguna tarificación en los 72 países del estudio, lo que supone un avance teniendo en cuenta que en 2018 había un 70% que quedaba exento.
Alrededor del 16% de esas emisiones soportaban una imposición superior a los €30 por tonelada, la mitad de la que internacionalmente se considera la referencia internacional.
En realidad, únicamente un 7% del total tenían un precio igual o superior a los €60 euros. Cerca de un 4% estaban sometidos a una fiscalidad de al menos €120.
En España, el porcentaje de emisiones con un precio de al menos €60 era el 41%. En total, un 91% tenían alguna tasa de carbono.
