El debate sobre una necesaria reforma fiscal tiene en gran medida la justificación de que los ingresos no son suficientes para cubrir la creciente demanda de gastos en del Estado para suplir las necesidades básicas.
Sin embargo, al plantear la necesidad de que los contribuyentes aporten más en impuestos para que las recaudaciones crezcan, los sectores productivos, especialmente gremios empresariales, abogan porque la reforma fiscal sea integral, es decir, que además de procurar más ingresos, se establezca una disciplina mayor en la administración del gasto público.
Los argumentos de los sectores que pagan los impuestos se pueden comprobar con las estadísticas. Datos de la Dirección General de Presupuesto (Dgiepres) del Ministerio de Hacienda indican que en la última década, desde 2013, cuando comenzó a aplicarse la última reforma fiscal (Ley 253-12) hasta 2023, los ingresos del Estado crecieron en un promedio anual de 19.4%, mientras que el gasto público, que siempre excede las recaudaciones, se incrementó en un promedio anual de 19.6%.
Lo anterior indica que la proporción relativa y absoluta de incremento del gasto ha sido mayor a lo que crece el ingreso, con lo cual el déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos) en lugar de moderarse o bajar, va en aumento cada año.
Tras la pandemia es peor
Cuando se analiza el crecimiento de los ingresos del Estado entre 2013 y 2019, años previos a la pandemia, se observa un aumento promedio anual de 12.9%. En tanto, el gasto promedio, en el mismo período aumentó cada año en 11.6%, lo cual indicaba una tendencia a contener el déficit fiscal.
Sin embargo, al comparar el incremento de los ingresos desde 2019 al 2023 el resultado es de un 16.4% cada año, pero con el agravante de que el gasto público, en cambio, se ha incrementado en 18.5% anual.
El aumento del gasto público es en proporciones mucho mayores que el de los ingresos. Y ha sido más pronunciado a partir del 2020, tras los efectos de la pandemia que causó una paralización casi total de la economía (baja de los ingresos) e incremento en subsidios, asistencia social y atenciones médicas por parte del Estado (más gastos de lo normal).
La tendencia ha continuado en los años siguientes, debido, además, a que la inflación internacional generó incrementos en los precios de los bienes y servicios que demanda el Estado, así como en las asistencias sociales que ofrece.
Gastar más, “pero menos”
Algunos analistas económicos coinciden en que no sería práctico esperar del Gobierno Central una congelación del gasto público y mucho menos una reducción, pues cada vez es mayor la demanda de recursos para satisfacer las necesidades de la población, a través de los servicios del Estado.
Sin embargo, sí sería posible que el incremento del gasto público se realice en proporciones menores al crecimiento de los ingresos del Estado.
Por ejemplo, desde 2019 al 2023 los ingresos del Estado pasaron de RD$661,617.5 millones a RD$1 billón 96,664.4 millones, para un 65.7%. Esto es un aumento absoluto de RD$435,046.9 millones.
Pero, en materia de gastos, en 2019 el Gobierno consumió RD$744,267.1 millones y para el cierre de 2023 fueron RD$1 billón 296,712.5 millones, para una variación relativa de 74.2%, es decir, un una diferencia absoluta de RD$552,445.4. Por esa razón, en 2023 el déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos) alcanzó los RD$200,048.1 millones.
Pero, si el Gobierno, en lugar de incrementar su gasto en una proporción de 74.2% en los últimos cuatro años, lo hubiera hecho en un 47.3%, estaría gastando más de todas formas, pero en menor proporción, con lo cual en el 2023 habría consumido RD$1 billón 96,664.4 millones, lo mismo que le ingresó, con lo que, aun gastando más, el déficit habría sido cero.
Reforma necesaria
El exgobernador del Banco Central, Guillermo Caram, asegura que la reforma fiscal debe ser diseñada y aprobada ahora, antes de que su necesidad se convierta en una imposición de organismos internacionales.
Recordó que República Dominicana debe mejorar su grado de inversión a nivel externo, lo cual se alcanza dando garantías de que los ingresos son suficientes para garantizar el pago de las acreencias externas.
