Hace dos semanas atrás, sentimos la inspiración del excelente artículo de Daniel Witt, actual presidente del Centro Internacional de Impuestos e Inversiones (ITIC por sus siglas en inglés), el cual formulaba una serie de recomendaciones prácticas sobre el necesario proceso de reformas fiscales en la República Dominicana: “Buenas Reformas Fiscales Empiezan por Buenos Procesos”: (https://taxfoundation.org/blog/dominican-republic-tax-reform/) , y aprovechamos para identificar tres ejes principales de lo que pudiera ser una auténtica reforma fiscal, cuya profundidad permitiría enrumbar al país en la dirección de lograr el objetivo de duplicar el tamaño de la economía antes de 2040 (ajustando de manera un poco más realista la visión contenida en “META RD 2036”).
A solicitud de muchos, a continuación se cuantificará de manera más detallada la intensidad del esfuerzo fiscal requerido para cada uno de estos tres ejes: i) la preservación de la estabilidad macroeconómica; ii) la aceleración del crecimiento potencial de la economía dominicana; y, iii) la redistribución de los frutos de este acelerado crecimiento para una mejor inclusión económica y social; igualmente, y como novedad, se propondrán posibles fuentes para financiar en un plazo no menor a 10 años este conjunto de reformas estructurales.
Lograr duplicar el tamaño de la economía dominicana, como lo plantea de forma ambiciosa (pero siempre válida) “META RD 2036”, significaría llevar el Producto Interno Bruto (PIB) nominal desde un valor de unos US$145 mil millones (reproyección oficial para el cierre 2026) a unos US$290 mil millones (antes de 2040). Para tal efecto, usar la metodología planteada por Daniel Witt, permitiría construir el indispensable consenso sobre la definición, medición, organización y priorización de todos los cambios en torno a estos tres ejes principales y revalidar la intensidad de los mismos (en porcentajes del PIB) tal como se propuso hace 2 semanas atrás.
Nada se logra sin establecer como primera prioridad la preservación de la estabilidad macroeconómica, lo que debe traducirse por lograr oficialmente el codiciado “grado de inversión” en un plazo no menor a 3 años, pero no mayor tampoco a 5 años; las consecuencias serán sumamente positivas para la economía dominicana: i) de un lado, una baja potencial en no menos de un 20% en las tasas de interés, tanto a nivel de la deuda-país, como también para las empresas y los hogares; y ii) como consecuencia de lo anterior, una neta aceleración de las inversiones públicas y privadas, y una mayor demanda privada, todo llevando a una firme aceleración del ritmo de crecimiento del PIB. Se había planeado como hipótesis lograr bajar el déficit fiscal a un nivel suficientemente bajo para permitir una disminución sostenida de los indicadores de la deuda del país.
La trayectoria actual de déficit fiscal para el Presupuesto 2027 con cuatro años consecutivos arriba del 3.0% del PIB (estimándose en 3.5% para 2026 y 3.4% para 2027) y crecimiento del PIB debajo del 5.0%, se traduce por un incremento paulatino de los dos indicadores principales para medir el riesgo del endeudamiento actual: como porcentaje del PIB, las autoridades proyectan que, luego de haber cerrado el año 2023 en 45.4% del PIB, alcanzaría 46.8% del PIB en 2027, y 48.3% en 2030; y como porcentaje de los ingresos, el pago de intereses (incluyendo la transferencia al Banco Central) que se encontraba en 21.9% de los ingresos en 2019, habría subido a 25.0% (2026) y se proyecta en 26.2% (presupuesto 2027).
Estudios econométricos estiman que es indispensable regresar el nivel del déficit fiscal debajo del 3.0%, y se estima que el número “ideal” estaría en torno a un 2.0%. Tomando en cuenta que se estaría cerrando el año 2026 en 3.5% del PIB, esto requeriría de un esfuerzo fiscal equivalente al 1.5% del PIB en un plazo menor a 10 años. Adicionalmente a eso, habría de discutir entre actores públicos y privados, con el apoyo las avisadas recomendaciones técnicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuánto habría de dedicarle al necesario desmonte paulatino del déficit cuasifiscal del Banco Central; en el año 2025 (último cierre anual disponible), los informes del Ministerio de Hacienda y Economía reflejan un valor total de RD$48,679.6 millones (de los cuales RD$35,007.8 millones como transferencias al BCRD y RD$13,671.8 millones registrados como pagos de intereses), lo que equivale a 0.62% del PIB de 2025, razón por la cual se estima inicialmente necesario llevar este monto en torno al 1.00% del PIB, lo que equivaldría entonces a un esfuerzo en torno a 0.4% del PIB, que sumado al esfuerzo del lado del déficit fiscal, implica entonces reservar 1.9% del PIB para incrementar la estabilidad macroeconómica a corto y mediano plazo.
Para la aceleración del crecimiento potencial hasta un rango entre 6.0% y 6.5% en un plazo no mayor a 5.años, se requiere una “revolución fiscal” que para darle soporte a un conjunto holístico de medidas de “Aceleración Productiva y Exportadora” (Marruecos sería un excelente benchmark para República Dominicana), y se proponen tres articulaciones por implementarse de manera organizada: i) incrementar el gasto de capital recurrente del gobierno central (o sea excluyendo las inversiones extraordinarias que realizar en el sector de distribución eléctrica en los primeros 5 años del programa de reforma), en cerca de 2.0% del PIB adicionales, lo que equivaldría al llevarlo hasta un nivel de 4.5% del PIB; ii) Incrementar a un 0.4% del PIB las transferencias a los municipios para que ellos, desde una perspectiva de territorialización de las políticas públicas puedan incrementar en esta misma proporción el gasto de capital municipal (con alto impacto multiplicador en las comunidades), esto representa un esfuerzo fiscal en torno al 0.2% del PIB; y) iii) la eliminación programada dentro de los primeros cinco años de figuras impositivas “odiosas” u obsoletas, liberaría capacidades adicionales de producción formal de bienes y servicios, proyectándose un esfuerzo fiscal hasta un 0.5% del PIB.
Finalmente, redistribuir mejor los frutos del crecimiento económico pasa por la reorientación y el aumento del gasto público en la gente, a través del gasto social y del gasto en seguridad y justicia.
Primero, se plantea incrementar con prioridad y urgencia el gasto conjunto en salud + educación, desde sus niveles actuales de 5.7% del PIB (al cierre de 2026) hasta no menos de 7.5% del PIB en menos de ocho años, buscando una convergencia progresiva entre el gasto de salud y el de educación), lo que representa un muy importante esfuerzo fiscal en torno al 1.8% del PIB;
Por otro lado, y siempre dentro del gasto social, incrementar significativamente los presupuestos para Pensiones y Vivienda, de modo que se pueda incrementar este conjunto en torno a 0.9% del PIB adicional.
Como resultado de lo anterior, el gasto social total pasaría desde 8.5% del PIB (proyección para 2026) al 11.2% del PIB antes de 2035.
Finalmente, fuera del gasto social, se incrementaría en 0.2% del PIB la categoría “Justicia, Orden Público y Seguridad” que se estima cerraría el año 2026 en unos RD$89,451.4 millones, equivalente al 1.02% del PIB.
En resumidas cuentas, se pudiese lograr consensos en torno a un esfuerzo holístico de 7.5% del PIB, de los cuales: 1.9% del PIB para asegurar la estabilidad fiscal; 2.7% del PIB para aceleración productiva; y finalmente, 2.9% del PIB para aumentar la inversión en la gente. Por supuesto, solo se trata de una propuesta inicial, para orientar las primeras discusiones que, obligatoriamente tendrían que ver con los “QUEs” y no con los “COMOs”. En una próxima entrega, se compartirán las propuestas en cuanto a cómo financiar tan grandes esfuerzos entre incrementos de ingresos y reducciones de gastos.
