Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta de reforma fiscal de la República Dominicana ha sido la disposición del Gobierno de revisar regímenes de incentivos que durante años muchos sectores han considerado intocables. Desde los incentivos al turismo y las exenciones sectoriales hasta tratamientos fiscales especiales que han influido en decisiones de inversión durante décadas, el mensaje subyacente de los responsables de la política pública ha sido notablemente consistente: los incentivos deben justificarse a través de un impacto económico medible.
Ese debate es saludable. De hecho, argumentaría que era necesario.
Todo incentivo debe estar sujeto a escrutinio. Toda exención debe ser capaz de demostrar valor. Toda herramienta de política pública debe responder, en última instancia, a una pregunta sencilla: ¿está generando más oportunidades económicas de las que cuesta?
Lo que hace particularmente interesante el debate actual es que el Gobierno podría estar formulando exactamente la pregunta correcta mientras observa en la dirección equivocada.
Mientras el país debate si los incentivos de ayer continúan generando retornos suficientes, casi nadie está hablando de los mecanismos necesarios para financiar la economía de mañana.
La pregunta que nadie está haciendo
La conversación pública sobre la reforma fiscal se ha concentrado principalmente en la sostenibilidad fiscal, los ingresos del Estado, la recaudación tributaria y el futuro de determinadas exenciones. Son discusiones importantes, pero no son las únicas que importan.
Lo que no he visto es una conversación nacional seria sobre formación de capital de riesgo, financiamiento de empresas de alto crecimiento, inversión en innovación, creación de propiedad intelectual o las estructuras necesarias para convertir a la República Dominicana en un imán para compañías con potencial de escala global.
Esa omisión importa porque los gobiernos, por sí solos, no crean riqueza. Crean las condiciones para que la riqueza pueda ser creada. Las empresas que ampliarán la base tributaria dominicana durante los próximos veinte años son, en muchos casos, compañías que aún no existen.
La reforma cuestiona repetidamente si los incentivos heredados continúan generando suficiente valor económico. Es una posición razonable. Todo incentivo debe rendir cuentas por sus resultados. Sin embargo, si estamos dispuestos a examinar los motores del crecimiento de ayer, también deberíamos estar dispuestos a examinar los motores del crecimiento de mañana.
¿Dónde está la estrategia nacional para la formación de capital de riesgo?
¿Dónde está la conversación sobre financiamiento empresarial de alto crecimiento?
¿Dónde está la discusión sobre cómo atraer fundadores globalmente móviles, capital de innovación e inversión tecnológica?
Si el objetivo es ampliar la base tributaria futura del país, esas preguntas podrían resultar más importantes que las exenciones que hoy dominan los titulares.
Los inversionistas entienden una realidad que con frecuencia pasa desapercibida en los debates de política pública: las economías no crecen porque los gobiernos recauden impuestos. Los gobiernos recaudan impuestos porque las economías crecen. Los países que lograron transformarse en economías de innovación no comenzaron preguntándose cómo gravar el capital de riesgo. Comenzaron preguntándose cómo atraerlo.
El motor de crecimiento que falta
Durante la última década he tenido la oportunidad de conocer a cientos de emprendedores en la República Dominicana, América Latina y el Caribe. Algunos construían empresas de software. Otros trabajaban en soluciones para logística, movilidad, servicios financieros, educación, salud e inteligencia artificial. Muchos poseían la determinación, creatividad y resiliencia que los inversionistas afirman buscar.
Sin embargo, cuando inversionistas internacionales evalúan la República Dominicana, suelen llegar a una conclusión similar.
El problema no es la falta de ambición emprendedora.
El problema es la falta de empresas invertibles.
Y no son lo mismo.
Un país puede producir miles de emprendedores y aun así tener dificultades para atraer capital institucional. Los fondos de capital de riesgo, family offices, instituciones financieras de desarrollo y comités de inversión no evalúan la ambición. Evalúan gobierno corporativo, escalabilidad, tamaño de mercado, capacidad de ejecución, madurez gerencial y la probabilidad de generar retornos compatibles con el riesgo asumido.
Esta distinción cambia por completo la conversación.
El futuro de la innovación dominicana no estará determinado por cuántas startups se lancen. Estará determinado por cuántas logren convertirse en oportunidades de inversión atractivas, cuántas puedan absorber capital de manera eficiente, cuántas puedan expandirse más allá de nuestras fronteras y cuántas logren atraer rondas de financiamiento cada vez más sofisticadas.
En otras palabras, el desafío no es el emprendimiento.
El desafío es la formación de capital.
La oportunidad de formación de capital del caribe
Y es precisamente ahí donde podría encontrarse la oportunidad más subestimada de la República Dominicana.
Con demasiada frecuencia, las conversaciones sobre innovación comparan a Santo Domingo con Miami, Austin, Nueva York o Silicon Valley. Esas comparaciones producen titulares interesantes, pero rara vez generan buena estrategia. La República Dominicana no está compitiendo para convertirse en una versión más pequeña de Silicon Valley. La pregunta más interesante es si puede convertirse en algo que actualmente no existe en el Caribe: un centro reconocido para la formación de capital de riesgo y la inversión impulsada por la innovación.
No existe un centro dominante de capital de riesgo en el Caribe. No existe una ciudad regional que los inversionistas asocien automáticamente con financiamiento empresarial, densidad de fundadores, capital de innovación y crecimiento respaldado por inversionistas.
Esa ausencia no debe interpretarse como una debilidad.
Debe interpretarse como una oportunidad.
Cuando los inversionistas evalúan mercados emergentes, no observan únicamente las tasas impositivas. Evalúan el entorno más amplio en el que su capital puede generar retornos atractivos. Y en ese sentido, la República Dominicana posee ventajas que merecen mucha más atención de la que actualmente reciben.
El país ofrece una estructura de costos considerablemente más eficiente que muchos ecosistemas tecnológicos de Norteamérica. Se encuentra en una posición estratégica entre América del Norte, América Latina y el Caribe. Cuenta con una fuerza laboral bilingüe en crecimiento que opera dentro de los horarios comerciales norteamericanos. Además, combina conectividad, calidad de vida y accesibilidad de una manera cada vez más relevante en un mundo donde el talento se ha vuelto altamente móvil.
Este último punto podría ser particularmente importante.
Durante décadas, las personas seguían a los empleos. Hoy, cada vez más, los empleos siguen a las personas.
Fundadores, operadores, inversionistas y profesionales altamente calificados tienen más flexibilidad geográfica que en cualquier otro momento de la historia moderna. Cada vez más, están eligiendo dónde desean vivir antes de decidir dónde desean construir.
Y la inversión suele seguir el mismo camino.
La creciente presencia de fundadores, inversionistas, operadores remotos y profesionales globalmente móviles que interactúan con la República Dominicana a través de iniciativas como el Digital Nomad Summit Santo Domingo refleja una tendencia más amplia que muchos responsables de política pública aún no terminan de apreciar: el talento ya está llegando antes de que las políticas se hayan adaptado completamente a esa realidad.
La historia sugiere que el capital rara vez se queda atrás por mucho tiempo.
Más allá de la reforma fiscal
Nada de esto constituye un argumento en contra de la reforma fiscal. Tampoco es un argumento para preservar cada incentivo actualmente bajo revisión.
Es, más bien, un argumento para ampliar la conversación.
La política fiscal importa. La sostenibilidad fiscal importa. Los ingresos tributarios importan. Pero todos ellos son, en última instancia, resultados de la actividad económica, no sustitutos de ella.
El debate sobre la reforma fiscal eventualmente concluirá. Se adoptarán nuevas reglas. Algunos incentivos sobrevivirán. Otros desaparecerán. Los titulares seguirán adelante.
La pregunta más importante permanecerá.
Dentro de diez años, ¿verán los inversionistas a la República Dominicana como un país que logró optimizar su sistema tributario?
¿O la verán como un país que logró posicionarse como la principal plataforma de formación de capital de riesgo del Caribe?
Un resultado mejora los ingresos del Estado. El otro crea industrias completamente nuevas.
Uno administra la actividad económica existente. El otro genera nueva actividad económica.
La diferencia entre esos dos futuros podría terminar determinando dónde se crea la próxima generación de riqueza del Caribe.
Y esa es una pregunta demasiado importante para quedar fuera de la conversación.
