La Ley 167-06 de Recapitalización del Banco Central (BCRD) debió cumplir su misión hace ocho años. De haberse cumplido tal cual, el déficit cuasifiscal, generado por los intereses de las emisiones de títulos para gestionar la liquidez del mercado luego de la crisis financiera de 2023, hubiera sido historia.
La legislación establece que las pérdidas acumuladas del (BCRD), al 31 de diciembre de 2005, serían cubiertas por el Estado dominicano, y que cualquier déficit que se generase a partir de ese año debe ser reconocido como deuda pública. Una vez dictaminados los estados financieros anuales del Banco Central, según la Ley, sólo había que notificar el monto del déficit al Ministerio de Hacienda a más tardar el 15 de mayo a través de la Dirección General de Crédito Público.
Cuando se aprobó la legislación, las pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2005 fueron reconocidas en RD$201,534 millones. Además, las generadas entre 2006 y 2022 fueron registradas como una cuenta por recibir del Gobierno dominicano, lo mismo que las de los años subsiguientes.
De acuerdo con los estados financieros auditados al 2023, el monto por recibir como transferencia para la recapitalización del Banco Central ascendió a RD$687,424.1 millones, equivalente a un aumento neto de RD$62,600.3 millones respecto a los RD$624,823.8 millones de 2022, lo que equivale a una diferencia relativa de un 9.1%.
Entre 2007 y 2026, según la Ley 167-07, el Ministerio de Hacienda debió emitir para la recapitalización del Banco Central un monto total de RD$320,000 millones en emisiones parciales por año. De acuerdo con el informe de los auditores independientes KPMG, al 31 de diciembre de 2023, la cuenta por recibir del Gobierno dominicano y los instrumentos de recapitalización del BCRD son un asunto clave de la auditoría dados los montos significativos que involucran, su naturaleza, así como el mecanismo de cobrabilidad en el corto, mediano y largo plazo.
“Los montos de esta cuenta por recibir y de los instrumentos de recapitalización del Banco, al 31 de diciembre de 2023, son de RD$687,424 millones y RD$132,362 millones, los cuales representan el 35% y el 7% del total de activos, respectivamente”, especifica la firma de auditores.
De acuerdo con la Ley 167-07, el Banco transfiere a la cuenta por recibir del Gobierno dominicano el déficit resultante en cada ejercicio, la cual no devenga intereses, no tiene fecha específica de cobro y se reduce con la emisión de instrumentos de recapitalización emitidos por Hacienda.
Reto
Es harto conocido que la deuda con la que carga el Banco Central, como secuela de la crisis financiera de 2003, dificulta su tarea y objetivo principal, que es la de hacer política monetaria. Economistas de la talla de José Luis de Ramón, Luis Manuel Piantini y Andy Dauhajre consideran pertinente y oportuno que todos los compromisos financieros derivados de las emisiones de títulos, ahora utilizados como instrumentos de política monetaria para gestionar el medio circulante, pasen al Ministerio de Hacienda.
De Ramón ha considerado que el Banco Central es una entidad que tiene funciones muy específicas y debe quedarse sólo con capacidad de emitir certificados hasta tres años de plazo y con limitaciones adicionales sobre un porcentaje de estos que pueda ser en dólares. De su lado, Dauhajre afirma que “si dejan esa deuda en el Banco Central más tiempo, el país en un futuro se va a lamentar”, ya que en un período de 20 años se ha multiplicado por 12, hasta acumular más de un billón de pesos.
En La Semanal
Durante su comparecencia en La Semanal de este lunes en el Palacio Nacional, al presidente Luis Abinader se le preguntó si estaría de acuerdo con que la deuda del Banco Central pase definitivamente a Hacienda para que se dedique a hacer política monetaria de manera exclusiva. El jefe de Estado respondió que como Gobierno cumplen con la Ley de Recapitalización y que entregan el 0.6% del producto bruto PIB todos los años. “Sí hemos estado cumpliendo y entregándoselo al Banco Central”, dijo.
En noviembre de 2019, la Junta Monetaria conoció y aprobó, junto con el Ministerio de Hacienda, un proyecto de modificación de la Ley de Recapitalización del Banco Central en el que se contempla la utilización de la figura de un fideicomiso como vehículo financiero.
En diciembre de ese año, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo y en julio de 2020 fue aprobado por el Senado y remitido a la Cámara de Diputados para su conocimiento y ponderación. Luego de ahí no hay noticias de la pieza legislativa que busca.
Tema pendiente
Abinader reconoció, sin embargo, que la aprobación de una nueva legislación para recapitalizar el Banco Central está entre las reformas pendientes, señalando que el plan es entregar un 0.4% adicional.
De manera más específica, en cuanto a que existan dos entidades del Estado emitiendo deuda, el Presidente fue más directo: “Lo normal o ideal es que solamente sea una institución del Gobierno la que emita deuda. Eso no lo creamos nosotros, sino que venía desde hace muchos años. Tú sabes toda la historia”, respondió al periódico elDinero.
Destacó, asimismo, que ya los organismos internacionales consolidan la deuda y que, por tal razón, la del Banco Central también es deuda pública. Explicó que lo único que hacen es una diferencia entre la deuda del sector público financiero y sector público no financiero. “Quiere decir que ya eso está contemplado como deuda pública”, sostuvo.
Cuestionado si le preocupa el endeudamiento público, el presidente de la República dijo que toda deuda es preocupante. “No puedo decir que no me preocupa”, admitió, pero indicó que, si se ve el porciento de la deuda en relación con otros países, República Dominicana no tiene ese grave problema de deuda. Refirió que actualmente ronda el 59% del PIB, por lo que está por debajo del promedio de la región. “Lo que sí yo creo es que debemos mejorar nuestros ingresos para cubrir esa deuda”, indicó.
Sin embargo, Abinader consideró que evidentemente es algo que debe tratarse en los próximos años para tomar las medidas especiales. En ese orden, cree que se debe aumentar, desde Hacienda, y eso es parte de lo que se ha contemplado en la reforma, aumentar en un 0.4% la sostenibilidad de la deuda, especialmente la del Banco Central.
Aseguró que siempre tendrá una posición confiable y optimista porque tiene la base y conoce el país. Además, sostuvo, los organismos crediticios están cada vez más mejorando la calificación del crédito, razón por la que considera que ellos no les preocupa, que es lo importante.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su comunicado para dar a conocer la consulta del Artículo IV correspondiente a 2024, destacó el compromiso de las autoridades de destinar más recursos a agilizar la recapitalización del Banco Central con el fin de reforzar su autonomía.
Además, según la institución, se debe proseguir con los esfuerzos para profundizar el mercado cambiario y ampliar el uso de mecanismos de cobertura, apoyar una mayor flexibilidad del tipo de cambio y, por lo tanto, reforzar más la eficacia del régimen de metas de inflación. En lo referente al sector financiero, el FMI considera que se mantiene con niveles adecuados de capitalización y rentabilidad, y “se mantienen las perspectivas positivas para el futuro del sector financiero dominicano”.
Incumplimiento
Para el economista Luis Manuel Piantini, uno de los problemas en República Dominicana es el incumplimiento de las leyes. “El Estado cumple con las leyes que les conviene y hace lo que le da la gana con todo”, expresó.
Refirió que escuchó al Presidente decir que elevaría las aportaciones al Banco Central y que está cumpliendo con la Ley de Recapitalización.
Se mostró de acuerdo en que sea una sola institución la que emita los bonos públicos, aunque se pregunta cómo hacer que todos los dueños de los certificados, con una parte jurídica-legal frente al Banco Central, estén de acuerdo en que los certificados se conviertan en bonos de Hacienda.
Además, dice, cuando los inversionistas van al Banco Central para adquirir los títulos lo hacen de buena voluntad, es decir, no es una acción por imposición. En este orden, admite que desconoce la forma en que se traspasarían estos certificados a Hacienda.
“Estoy de acuerdo que cualquier mecanismo que se cree dé garantías a que ese pago se cumpla. Además, esta es una forma de que los fondos de pensiones fluyan hacia el resto de la economía y se pueda desarrollar un mercado de mediano y largo plazo con fondos continuos y seguros”, consideró Piantini.
Los auditores de KPMG, en su informe, consideran que ,por circunstancias del contexto macroeconómico, ciertamente no se ha cumplido con la Ley de Recapitalización.
En vista del tiempo transcurrido desde el sometimiento del referido proyecto de ley y los cambios macroeconómicos de los últimos tres años, los cuales han impactado las condiciones que originalmente permitirían la aprobación de dicho proyecto de ley, señalan que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda están en proceso de evaluación para elaborar otro proyecto de ley que contemple las condiciones macroeconómicas actuales e identifique nuevas fuentes de ingreso para la recapitalización. Esa reforma está en la lista de objetivos del presidente Abinader.
Mandato legislativo
De acuerdo con la Ley 167-07 para la Recapitalización del Banco Central de la República Dominicana, que modifica el Literal e) del artículo 16 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, la institución monetaria transfiere a cuenta por recibir del Gobierno dominicano el déficit resultante en cada ejercicio una vez dictaminados los estados financieros anuales del Banco Central.
El saldo de esta cuenta no devenga interés ni tiene fecha específica de cobro y se reduce con la emisión de instrumentos de recapitalización del Banco Central, emitidos por el Ministerio de Hacienda.
En adición a estos instrumentos y en cumplimiento con la Ley de Presupuesto General del Estado, el Gobierno dominicano transfiere fondos directos al Banco Central, los cuales no reducen el saldo de esta cuenta por recibir; no obstante, reducen el déficit del año
en el que se transfiere a esta cuenta.
De acuerdo con lo que refiere el informe de auditores de KPMG, la Ley 167-07 para la Recapitalización del Banco Central establece, como parte de los mecanismos legales y financieros, la emisión de bonos de recapitalización del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Crédito Público por un monto total de RD$320,000 millones, facultando a ese ministerio para realizar las emisiones parciales anuales durante el período comprendido entre los años 2007 y 2016.
Un solo emisor
“Lo normal o ideal es que solamente sea una institución del Gobierno la que emita deuda. Eso no lo creamos nosotros, sino que venía desde hace muchos años. Tú sabes toda la historia. La aprobación de una nueva legislación para recapitalizar el Banco Central está entre las reformas pendientes. El plan es entregar un 0.4% adicional. Los organismos internacionales consolidan la deuda y, por tal razón, la del Banco Central también es deuda pública. Quiere decir que ya está contemplada como deuda pública”.
