El proyecto de Ley de Modernización Fiscal establece una revisión de los valores de las propiedades inmobiliarias, además de que bajará el monto exento de RD$9 millones actual a poquito más de RD$5 millones del valor del o los inmuebles a ser gravados a las personas físicas.
Con esa medida, el Gobierno estera recaudar RD$6,773.3 millones adicionales. Esto indica, incrementar en un 132% los ingresos por ese concepto, si se toma en cuenta que en 2023, según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), recaudó RD$5,105.3 millones.
Entonces, con el monto adicional, el recaudo esperado sería de no menos de RD$11,878 millones, cuando se aplique el ajuste propuesto en la reforma.
Uno de los cambios presentados es la modificación del mínimo exento del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI), un tributo que se aplica sobre la suma total del patrimonio inmobiliario gravado que tienen registrados las personas físicas y fideicomisos.
El mínimo gravado actual es de RD$9,860,649, y como parte de la estrategia para aumentar la capacidad impositiva del país, este sería ajustado para alinearse con el valor de las viviendas de bajo costo. El nuevo valor exento propuesto es de RD$5,025,380.75 anuales, mientras que los propietarios de inmuebles que superen esta cifra deberán pagar una tasa del 1% sobre el excedente.
En una comparación de República Dominicana con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Vicente señaló que mientras en esas naciones las recaudaciones por concepto de impuesto a la propiedad representan, en promedio, el 1.9% del producto interno bruto (PIB), en el país apenas alcanzan el 0.2%.
Según la DGII por el IPI en 2023 ingresaron RD$2,702.8 millones entre enero y junio, y RD$3,019.6 millones en el mismo periodo en 2024.
Pese a estos valores registrados, el ministro recalcó que el impuesto actual está diseñado para recaudar muy poco, señalando que la exención en este sector es alta, equivalente a un monto aproximado de US$175,000 anuales, en comparación con países como Panamá y Costa Rica, donde son de US$31,000 y US$30,000 anuales.
El Gobierno destaca que este nuevo enfoque del IPI busca establecer un sistema más justo, en el que las familias de bajos ingresos no se vean afectadas, mientras se asegura que las propiedades de mayor valor contribuyan de manera proporcional.
“Para proteger a las personas de bajos ingresos, debe existir un nivel del valor de la propiedad, por debajo del cual no se tenga que pagar este impuesto. Este nivel debe estar asociado a las propiedades que son utilizadas a la población de menor ingreso. El precio de una vivienda de bajo costo es un parámetro que nos permite proteger a las familias de bajos ingresos y lograr una contribución en función de sus riquezas por parte de las familias más pudientes”, explicó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente.
Sector construcción
La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon) ha expresado su posición sobre la nueva propuesta de modernización fiscal presentada por el Gobierno. Su presidente, Eliseo Cristopher, calificó como “ambiciosa” la reforma, y señaló que la eliminación de exenciones al fideicomiso afecta de manera transversal a todo lo relacionado con la construcción de viviendas de bajo costo.
“Sin lugar a duda tendremos viviendas mucho más costosas y la ley de fidecomiso se verá afectada”, expresó. No obstante, indicó que estarían consultando con sus expertos en fideicomiso para analizar la propuesta.
Subrayó, también la necesidad de incluir incentivos que promuevan la formalización del sector, advirtiendo mediante un comunicado de prensa que, sin la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el Estado perderá ingresos tributarios y la posibilidad de tener una mano de obra más capacitada.
El representante de los pequeños constructores propone, además, que la reforma se haga mediante un Pacto Fiscal, donde estén inmersos todos los sectores sociales y productivos de la nación, tal como lo establece la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030), tomando en consideración la vulnerabilidad y desarrollo de las mipymes, un sector que incide en el desarrollo y la estabilidad de las economías locales y forman parte de la mayoría del tejido económico y empresarial en el país.
Clase media
Según el economista Richard Medina Gómez, la medida de reducir el mínimo exento del (IPI) afectaría principalmente a la clase media. A su entender, el mercado inmobiliario se vería fuertemente afectado por esta medida.
“Todo el que tenga una vivienda de US$150,000, automáticamente paga RD$48,000 anuales más por IPI. A las personas de hogares pobres, el este impuesto no les afecta pues se mantiene como mínimo exento el valor de la vivienda de bajo costo”, explica.
Medina, quien es director de la Escuela de Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), advierte que este monto probablemente haga que suban los alquileres en 2025. “Si a la medida del IPI se le suma la eliminación de exenciones de fideicomisos de viviendas y las altas tasas de interés, veremos una desaceleración importante del sector construcción”, prevé Medina.
