La contratación de inmuebles privados en alquiler por parte de instituciones del Estado no es una práctica nueva. De hecho, cada año, en el presupuesto general de la nación, se establecen partidas para cubrir los alquileres. Esto así, porque el Estado no cuenta con la cantidad de bienes inmobiliarios (locales y edificaciones) suficientes para albergar todas las oficinas administrativas y de servicios bajo su responsabilidad.
Sobre lo que ha surgido conocimiento es en torno a los aparentemente elevados montos de los alquileres, especialmente los más recientes dados a conocer en medios de comunicación.
Estadísticas oficiales indican que cada año el Gobierno incrementa la partida para alquileres. Este 2024, por ejemplo, el monto a gastar por alquiler de locales y edificios es de RD$3,587.1 millones, eso es un 18.8% más que los RD$3,018.2 millones destinados para esos fines en el 2019, según datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).
¿Más transparente ahora?
Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dijo que el proceso para el alquiler de locales por parte del Estado es ahora más transparente que antes, debido a que fue a partir del 2020 cuando se decidió que ese procedimiento se acoja a la Ley 340-06.
“Antes del 2020 los procesos de alquiler, todos estaban al margen de la Ley 340-06. Quiere decir que los procesos de alquileres estaban al margen de la ley”, dijo el funcionario.
Sin embargo, expresó que para los procesos de alquileres solo existen dos modalidades de contratación: Exclusividad o Proveedor Único. Esto así, de acuerdo con Pimentel, porque si se hiciera una licitación abierta entrarían ofertas de inmuebles ubicados en todas las zonas del país, aun cuando la intención es rentar uno en específico, con características determinadas y en zonas previamente determinadas.
“Los procesos de exclusividad para alquiler establecen especificaciones como un local, de tal dimensión, tal cantidad de servidores públicos, que tenga parqueos y que esté en un cuadrante determinado”, manifestó el director de Compras y Contrataciones en el programa El Despertador, que se transmite por Color Visión. “Entonces, todos los inmuebles que estén en esas condiciones y en ese cuadrante, participan para ser alquilados. Ese es un proceso de exclusividad”, agregó.
En cuanto al proceso de proveedor único, es cuando la institución interesada, por una razón determinada identifica un inmueble ubicado en tal o cual dirección y que tiene las características deseadas y que cerca de ese inmueble no hay otro que pueda competir. “O sea, para tu alquilar un local hay dos posibilidades, o eres proveedor único y mediante exclusividad”, manifestó Pimentel.
Casi 100 millones anuales
Durante la gestión del presidente Luis Abinader, el gasto del Gobierno en alquileres de inmuebles por parte del Estado viene aumentando a un ritmo promedio anual de poco más de RD$100 millones cada año, desde el 2020 al 2024.
De manera específica, en 2020 el gasto en alquileres sumó RD$3,197.9 millones, mientras que al año siguiente pasó a RD$RD$3,289.4 millones, en 2022 fueron RD$3,380.1 millones y el año pasado RD$3,482.2 millones para aumentar este 2024 a RD$3,587.1 millones, es decir, un aumento promedio anual de RD$97.3 millones.
Sin embargo, ese incremento promedio anual es menor que el registrado en los años del 2014 al 2019. De acuerdo con la data de la Digepres, en esos cinco años, anteriores a la pandemia, el gasto en alquiler de inmuebles por parte del Estado creció a un ritmo promedio anual de RD$149.4 millones.
Incluso, solamente en 2015 hubo una reducción del gasto en alquiler, en comparación con el año anterior, mientras que en los siguientes, el incremento fue constante. En tanto, hay un período de un alto incremento: en 2016 los alquileres por parte del Estado demandaron RD$2,357.9 millones, mientras en 2017 pasaron a RD$2,797.3 millones, para un aumento de RD$439.4 millones.
Los datos de la Digepres no especifican si esos incrementos bruscos entre un año y otro se deben a posibles retrasos de pago de años anteriores o si se trata de ajustes y aumentos automáticos por indicadores como la inflación o devaluación monetaria, toda vez que la mayoría de esas rentas se calculan en dólares norteamericanos.
Además, tampoco se detalla la cantidad específica de inmuebles privados alquilados al Estado o de las instituciones contratantes. Los contratos de alquiler más recientes dados a conocer son los de la Oficina de Tecnología de la Información y el de la Dirección General de Pasaportes, por períodos de 10 y cinco años, respectivamente.
Proceso nuevo
Carlos Pimentel informó que hace varias semanas la DGCP emitió una circular a las instituciones del Estado especificando que los contratos de alquileres no tienen renovación automática, por lo que, cuando se vence el contrato se debe abrir un nuevo proceso para la renta del bien inmobiliario que se desee.
En ese sentido, dijo que si bien los contratos vigentes no pueden ser rescindidos de forma anticipada, la entidad contratante puede revisar las condiciones y esperar el vencimiento del plazo para renogociarlo o rescindirlo y proceder con un nuevo proceso de contratación.
