En América Latina y el Caribe es materia común observar que los gobiernos que obtienen un segundo mandato consecutivo experimentan un debilitamiento en su gestión.
Este fenómeno puede atribuirse a diversos factores que se conjugan y que van desde el desgaste político y social, pasando por desafíos económicos, hasta llegar a la incapacidad de resolver problemas estructurales que, si bien son ancestrales, se crearon expectativas que desbordaban las posibilidades reales de solucionarlos.
En efecto, la prolongación en el poder tiende a generar cansancio tanto en la ciudadanía como en las estructuras gubernamentales, observándose un desgaste paulatino que empieza por expectativas no cumplidas y promesas pendientes que llegan a erosionar la confianza pública, disminuyendo el apoyo y respaldo popular.
Así también, los retos económicos se acumulan y crecen las demandas de la población por una mejor calidad de vida, lo cual no se puede cumplir por la estrechez económica del Gobierno y la imposibilidad de realizar reformas y transformaciones profundas que permitan generar los ingresos suficientes que solventen la inversión pública.
Con los déficits fiscales acumulados, un crecimiento permanente de la deuda pública, unido al incremento del monto que se paga de intereses por la misma como porcentaje de los ingresos fiscales, el Gobierno se va quedando sin espacio fiscal para enfrentar la deuda social acumulada y eso profundiza el debilitamiento del Gobierno en su segundo mandato consecutivo.
Paralelamente, un segundo mandato de un gobierno provoca que la oposición se fortalezca y reacomode sus tropas, y empiece a ganar espacio y aproveche la percepción de estancamiento o falta de respuestas a las demandas sociales. En adición, y sin querer queriendo, la oposición política suele conjugarse con los movimientos sociales que buscan cambios en las políticas gubernamentales, lo que en cierta medida la legitima y la hace parecer cohesionada con las aspiraciones de la ciudadanía.
La exposición a la corrupción y la ocurrencia de prácticas de mala administración puede ser, también, un elemento de distracción para los gobiernos que tienen continuidad en el poder más allá de un período. En ese mismo sentido, hay funcionarios que no ayudan y que, por el contrario, se constituyen en un elemento perturbador para el Gobierno, pues su imagen tiende a debilitarse lo mismo que su gestión frente a determinados organismos estatales. Esto se complica aún más cuando los mismos son figuras importantes del partido que se encuentra gobernando, y las posibilidades de destitución son escasas.
En el caso dominicano, es obvio que, pasado un poco más de cuatro meses del segundo período gubernamental del presidente Luis Abinader, los niveles de popularidad del Gobierno no son los mismos que terminado el primer mandato constitucional, aun cuando el primer mandatario de la nación aún goza de una opinión favorable de la población.
El problema está en que ese desgaste que se observa puede incrementarse si no se toman medidas y se implementan acciones que lleven un mensaje diferente a la ciudadanía. Bajo este escenario, la mejor decisión del presidente Abinader debe ser sacudir el gobierno, relanzarlo y, al mismo tiempo, relanzarse él, apostando a un cambio profundo de funcionarios al inicio del próximo año. Esto sería un excelente regalo de Navidad para el país, y podría convertirse en una señal de que tendremos un próspero 2025.
