[dropcap]U[/dropcap]na simple operación aritmética establece que las plantas de carbón que construye el Estado en Punta Catalina, provincia Peravia, están en emergencia financiera. O lo estaban. Una deuda de US$330.4 millones con suplidores y constructores de la obra, según datos al 30 de septiembre, mantiene (o mantenía) en incertidumbre el cronograma de trabajos.
El Senado lo supo una vez escuchó las explicaciones del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y del vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, quienes presentaron a la Comisión de Finanzas los pormenores del proyecto de 720 megavatios.
El panorama comienza a aclararse. Los US$600 millones aprobados en bonos soberanos para sustituir el préstamo firmado entre el Estado dominicano y el Banco de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES), de Brasil, de US$656 millones, de inmediato irán a repagar facturas y trabajos pendientes, asegurando la continuidad de la obra y mejorando los objetivos de tiempo de finalización. La fecha prevista para iniciar las pruebas de la primera unidad es diciembre de 2017.
Lento
La ralentización de los trabajos hizo que Jiménez Bichara apurara el paso, mientras que al mismo tiempo la propuesta de vender acciones ha quedado en un segundo plano. El Estado ha entendido que tendría mejores condiciones de negociación si finaliza el proyecto. Además, toma en cuenta que habrá que negociar nuevos contratos de compra y venta de energía tras el vencimiento de los Acuerdos de Madrid.
¿Qué dicen las finanzas de Punta Catalina al 30 de septiembre? El proyecto ha facturado US$1,546.9 millones, de los cuales el Estado ha pagado US$1,075 millones, un 69.5%; mientas que vía los desembolsos de SACE han llegado US$291.5 millones, a los que hay que agregar los US$69.5 millones de prima riesgo (11%), para un total de US$631 millones.
Según el plan presentado al Senado, aprobado de inmediato, a cargo del Estado estarían US$1,490 millones, un 73% de los US$2,040 millones que cuesta el proyecto. La otra fuente financiera es SACE con US$550 millones.
La CDEEE busca que la colocación se haga completa para obtener el resto de los recursos. Los bonos serán colocados por Hacienda a un plazo que rondará entre los 10 y 30 años. Reconoce que la situación de Brasil ha afectado el desarrollo de la obra.
Como una ventaja adicional, tras el fracaso del financiamiento del BNDES, se destaca que el préstamo con la entidad brasileña había que comenzar a amortizarlo a partir del cuarto año, mientras que los bonos se pagarán al final.
Los funcionarios aseguraron al Senado que la ingeniería se ha desarrollado con base a las especificaciones técnicas, que a la fecha se han emitido y aprobado más del 95% de los planos de construcción y manuales de procedimientos, de operación y de mantenimiento. Mientras, señalaron que todo lo relativo al diseño de las turbinas, generadores, calderas, AQCS y sistemas auxiliares de las unidades generadoras ha sido completado a la fecha.
Uno de los críticos más fuertes del proyecto ha sido el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Ernesto Selman, quien entiende que el Gobierno no debe participar como competidor en el mercado energético de República Dominicana, debido a que su papel debe sujetarse al de regulador, como lo establece la Ley General de Electricidad.
Recelo de economistas
Mientras el senador Tommy Galán, presidente de la Comisión de Finanzas, rindió un informe favorable que dio lugar a la aprobación de emergencia del proyecto de los US$600 millones en bonos para Punta Catalina, los economistas Ernesto Selman y Bernardo Castellanos vieron con recelo la decisión de sustituir por valores de deuda pública el financiamiento de más de US$656 millones para continuar con las plantas de carbón.
Los problemas de flujo se agudizaron luego que el Banco de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES), de Brasil, anunciara a principios de este mes la suspensión del pago de cuotas de préstamos a constructoras investigadas por corrupción en el escándalo de Petrobras y que eran orientadas a financiar proyectos de ingeniería en nueve países. Entre las compañías afectadas figura Odebrecht, que construye Punta Catalina.
El proyecto de ley sometido al Congreso Nacional sustituyó el financiamiento por US$656 suscrito el 10 de febrero de 2015 entre el BNDES y aprobado por los congresistas el 27 de abril de 2015.
