Los economistas Ernesto Selman y Bernardo Castellanos ven con recelo la decisión de la gestión de Danilo Medina de sustituir por valores de deuda pública el financiamiento de más de US$656 millones para continuar con las plantas de carbón de Punta Catalina, con las cuales aportarán al sistema unos 720 megavatios, con una inversión de más de US$2,040 millones.
El Banco de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES), de Brasil, anunció este mes que suspendía el pago de cuotas de préstamos a constructoras investigadas por corrupción en el escándalo de Petrobras y que eran orientadas a financiar proyectos de ingeniería en nueve países. Entre las compañías afectadas figura Odebrecht, que construye Punta Catalina.
En un proyecto de ley sometido al Congreso Nacional este martes, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, busca hacer la sustitución del financiamiento por US$656 suscrito el 10 de febrero de 2015 entre el BNDES y aprobado por los congresistas el 27 de abril de 2015.
Ernesto Selman considera que el Gobierno cometió “un error” al embarcarse en la construcción de la central, invirtiendo directamente en el proyecto cuando anteriormente lo que se hacía era una licitación de compra de energía y el riesgo lo asumía el sector privado.
“El tema es que el Gobierno se decidió a hacer la inversión directamente cuando no tenía la casa financiera en orden, y, entonces, está requiriendo hacerlo con mucha deuda. Posiblemente esa deuda en el mercado salga más cara que lo que hubiese salido con el Banco de Desarrollo Brasileño”, explicó.
En el anteproyecto, el Poder Ejecutivo busca autorización para emitir y colocar valores de deuda pública hasta un monto máximo de 600 millones de dólares o su equivalente en moneda extranjera.
“La decisión de que lo hiciera el Gobierno (la construcción) directamente implicó que no se destinaran los recursos a arreglar el problema real que tiene el sector eléctrico, que son las pérdidas de las EDES (empresas distribuidoras de electricidad)”, señaló.
De su lado, Bernardo Castellanos declaró que el Gobierno debió enfrentar el problema financiero de Punta Catalina, a través de una emisión de bonos soberanos, un instrumento financiero más barato.
“En los bonos soberanos el país se economiza el pago de comisiones bancarias, seguro riesgo país, que en el caso del préstamo garantizado por SACE representa unos US$82.5 millones, que equivale al 15% del monto efectivo que llegará a ser desembolsado para Punta Catalina, unos US$550 millones”, detalló.
Castellanos indicó que la dilación en tomar la decisión de emitir bonos soberanos por parte del Gobierno, a pesar que desde el momento que inició la obra se sabía que no se contaría con el financiamiento del Eximbank de Estados Unidos, es la responsable directa del incremento de los costos que Punta Catalina ha experimentado.
“Los atrasos que presenta Punta Catalina, admitidos públicamente por la CDEEE (Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales), significa mayores costos para la obra y esos costos deben ser asumidos por quien ocasiona y produce los atrasos”, destacó.
La pieza legislativa sometida esta semana al Congreso indica que el Ministerio de Hacienda transferirá a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) los recursos por los valores colocados.
Refiere que la sustitución del financiamiento se debe “a los acontecimientos políticos ocurridos en Brasil en los últimos meses”; por los cuales “se ha imposibilitado el acceso a los recursos del referido financiamiento”.
La colocación de la deuda, de acuerdo con el anteproyecto de ley, se hará en los mercados internacionales o en el mercado doméstico de capitales, según resulte más favorable para el país.
“En los casos en que la colocación de los valores se realice en pesos dominicanos en el mercado local, la misma se podrá efectuar a través de subastas o mediante colocaciones directas”.
También indica que “para los casos en que la colocación se realice en forma directa, la misma deberá ser aprobada mediante resolución motivada del Ministerio de Hacienda”.
