La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) expresa su preocupación ante la reciente aprobación en el Senado de una modificación a la Ley 255-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, debido a su impacto potencialmente negativo en las Mipymes en el sector productivo nacional.
Codopyme lamenta que esta reforma haya sido realizada sin un proceso adecuado de consulta pública ni una representación equitativa de los sectores productivos en las discusiones. La ausencia de voces clave, como las del Ministerio de Medio Ambiente, el Fideicomiso Público-Privado DO Sostenible y las organizaciones empresariales, refleja una falta de inclusión que pone en riesgo los principios de gobernanza, sostenibilidad y participación que sustentan esta ley.
Las modificaciones propuestas, que contemplan incrementos desproporcionados en la contribución especial de hasta un 3.750%, generan serias preocupaciones para las micros, pequeñas y medianas empresas, que representan la columna vertebral de la economía nacional. Estas cargas adicionales no solo reducirían su competitividad, sino que también afectarían su capacidad para sostener empleos y contribuir al desarrollo económico en un momento de grandes desafíos.
La Ley 255-20 fue promulgada en octubre de 2020 tras un proceso de consenso entre los sectores público y privado, con el objetivo de promover una gestión eficiente de los residuos sólidos y avanzar hacia la sostenibilidad. Antes de considerar reformas de este tipo, es necesario priorizar la correcta implementación de los aspectos pendientes y garantizar que las modificaciones reflejen un equilibrio entre las demandas ambientales y las capacidades económicas de los sectores productivos, especialmente las Mipymes.
Codopyme hace un llamado al Congreso Nacional para que cualquier cambio en esta ley sea realizado con transparencia y bajo un proceso inclusivo, donde los sectores productivos cuenten con una representación significativa. La participación activa de las Mipymes y otros actores económicos es clave para asegurar una legislación que sea sostenible tanto para el medio ambiente como para la economía.
Reiteramos nuestro compromiso de trabajar en propuestas que promuevan el desarrollo empresarial, la sostenibilidad ambiental y un entorno regulatorio justo. Seguiremos abogando por un diálogo abierto y constructivo en beneficio de todos los sectores.
