El economista Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), aboga por una revisión del sistema de cesantía en República Dominicana. El modelo actual fomenta la informalidad, encarece la contratación y limita la movilidad laboral, dijo, lo cual dificulta la incorporación de jóvenes al mercado y aumenta el riesgo de despido para nuevos empleados.
Con un 54.8% de informalidad laboral en el país, Collado propone explorar alternativas que “resguarden” los derechos de los trabajadores sin comprometer la competitividad empresarial. Destaca que la actualización del Código de Trabajo dominicano ha sido un proceso largo. En 2013 se creó una Comisión Especial para su revisión mediante el decreto 286-13, y desde entonces tanto trabajadores como empleadores esperan una nueva legislación que les permita realizar transacciones individuales, libres y voluntarias.
“Ver la reforma de cesantía como una eliminación de derechos es un error; debe interpretarse como una modernización del sistema hacia uno más justo, flexible y eficiente”, enfatiza. Esta transición hacia un modelo más equilibrado, conforme con el economista, no solo mejorará la formalización del empleo, sino que también aumentará la competitividad empresarial y garantizará una mejor protección a los trabajadores a largo plazo.
El economista subraya la necesidad de crear una ley que propicie mayores oportunidades laborales en el sector formal, que reduzca costos laborales no salariales y elimine los obstáculos procedimentales que entorpecen las relaciones laborales. “Es fundamental abordar las distorsiones que se han perpetuado desde antes de la Ley 16-92, que instauró el actual Código de Trabajo”, añade.
Collado señala que uno de los principales factores que limita las oportunidades laborales para los jóvenes y menos calificados es precisamente el sistema de cesantía vigente. En este contexto, propone considerar alternativas al modelo actual de acumulación indefinida de derechos de cesantía, un pasivo contingente que pesa sobre las empresas y reduce el salario real de los empleados.
El análisis comparativo con modelos internacionales como los de Austria, Ecuador y Chile revela que es posible estructurar un sistema que proteja al trabajador sin distorsionar el mercado laboral. “Estos países han implementado mecanismos que reemplazan la indemnización por despido con cuentas individuales de cesantía o fondos de seguro de desempleo, asegurando compensaciones accesibles para los trabajadores y menor riesgo para las empresas”, explica.
Indica que adoptar un modelo basado en la capitalización individual permitiría a cada trabajador acumular recursos propios utilizables en caso de despido. Si estos fondos se invierten adecuadamente, podrían generar rendimientos beneficiosos tanto para los trabajadores como para la inversión productiva del país. “Utilizar estos recursos apropiadamente evitaría financiar déficits estatales y mejoraría la productividad laboral y, por ende, los salarios”, subraya Collado.
Advierte que avanzar hacia una nueva legislación laboral sin reformar el esquema de cesantía sería perder una oportunidad crucial en beneficio de los trabajadores. “Aprobar una legislación sin cambios sustanciales no debe ser considerado un logro político. El verdadero legado debería ser una reforma integral, aunque implique unos meses más para lograr un estudio completo que permita a los legisladores implementar una transformación laboral significativa en República Dominicana”, puntualiza.
Recalca que al margen de que dos legislaciones: la Ley No. 87-01 (que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social) en su artículo 50 y de la Ley No. 1-12 (de Estrategia Nacional de Desarrollo), en su artículo 31 establezcan la creación de un sistema de seguro de desempleo que sustituya el esquema de cesantía actual; cree necesaria su revisión debido al impacto negativo sobre el mercado laboral.
