Según la información recopilada, el Banco Central dominicano, junto con el Ministerio de Hacienda y Economía, ha enviado al Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley que busca regular a las cooperativas del país que, a decir de esas instituciones, realizan actividades de intermediación financiera.
En virtud de este anteproyecto de marras, las organizaciones cooperativistas que captan recursos del público -cooperativas de ahorro y crédito- seían reguladas por la Superintendencia de Bancos, en tanto que las demás continuarán bajo la vigilancia del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).
Esta iniciativa no es nueva, y no solo responde a los recurrentes pedimentos del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino a la necesidad de ampliar y fortalecer el marco regulatorio de un sector que ha crecido de manera importante durante los últimos 20 años, tanto en tamaño de su cartera como en la cantidad de activos que posee.
Sin embargo, conviene realizar algunas reflexiones sobre el modelo cooperativo que ha sido, según algunos datos estadísticos e informaciones sobre su desempeño, un éxito en el mundo y en la región latinoamericana. En efecto, según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) “más del 12% de la población mundial es cooperativista de algunas de los tres millones de cooperativas del plantea, que generan ingresos aproximados por el orden de los 2,14 billones de dólares, al tiempo que suministran bienes y servicios y las infraestructuras que se necesita para prosperar”.
Por demás, las cooperativas un componente esencial del sistema financiero y productivo de las economías latinoamericanas. Su función trasciende la simple intermediación económica: promueven la inclusión financiera, fortalecen el tejido social y estimulan el desarrollo local a partir de la participación solidaria de sus socios. En la República Dominicana, este modelo ha demostrado ser una herramienta eficaz para democratizar el acceso al crédito, fomentar el ahorro responsable y generar bienestar en comunidades tradicionalmente excluidas del sistema bancario tradicional.
Por ejemplo, solo las cooperativas agrupadas en la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) poseían, a junio de 2025, activos superiores a los 186 mil millones de pesos, y una cartera de crédito por encima de los 134 mil millones de pesos. Sin embargo, el crecimiento sostenido de las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional exige una supervisión más técnica, transparente y equilibrada, no solo para garantizar la estabilidad del sistema cooperativo, sino también para proteger a los socios y vinculados. Y, en ese contexto, debe quedar claro que no debe ponerse en juego la autonomía del movimiento cooperativo, sino establecer un marco normativo que preserve su esencia solidaria mientras asegura el cumplimiento de estándares prudenciales, financieros y de gobernanza.
En conclusión, es indispensable que, para el conocimiento y aprobación de este importante anteproyecto, haya una estrecha colaboración entre el Estado y las organizaciones cooperativas, de forma que lo que se apruebe en el Congreso de la República no sea lesivo a los miles de socios que forman parte del movimiento cooperativo a todo lo largo y ancho del territorio nacional. La regulación más efectiva no es la que se impone de manera vertical, sino la que se construye mediante el diálogo, la concertación y la corresponsabilidad.
