El almirante estadounidense Frank Bradley, responsable del ataque que remató a dos supervivientes de un primer bombardeo a una embarcación el 2 de septiembre en el Caribe, comparecerá este jueves ante el Congreso, que investiga la legalidad de las acciones militares dentro de la campaña antinarcóticos del presidente, Donald Trump.
Bradley, que ordenó los bombardeos según la Casa Blanca y el Pentágono, responderá preguntas de los cuatro legisladores republicanos y demócratas de más alto rango en los comités de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes, en una reunión a puerta cerrada.
Como muestra del respaldo de la administración Trump al veterano almirante de la Armada, el Pentágono también enviará a la sesión informativa a su oficial de mayor rango, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.
“Contaremos con la presencia del almirante a cargo de la operación, así como del jefe del Estado Mayor Conjunto, y detallaremos con precisión lo ocurrido, en particular el segundo ataque”, adelantó el senador demócrata Jack Reed, uno de los legisladores que preguntará a Bradley.
Durante la sesión, está previsto que se muestre un video sin editar de los ataques, según reportes de Politico.
Reed dijo que esperan también revisar la información de inteligencia que llevó al Ejército a clasificar la embarcación como un blanco legítimo, la evaluación de las bajas y la justificación legal de la operación.
Legisladores estadounidenses de ambas bancadas han pedido explicaciones a la administración tras una publicación de The Washington Post, que informó la semana pasada que en el bombardeo del pasado 2 de septiembre, donde murieron once tripulantes de una embarcación a la que EE.UU. señala de transportar drogas, se ejecutó un segundo ataque para matar a dos sobrevivientes del ataque inicial.
Varios demócratas y expertos legales señalan que, de confirmarse este segundo bombardeo, el ataque podría constituir un crimen de guerra.
Aunque en un inicio calificaron de “falsos” los reportes del Post, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Guerra confirmaron días después el segundo ataque, al tiempo que aseguraron que se llevó a cabo bajo las órdenes de Trump y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dentro de su campaña antinarcotráfico.
La administración defiende el derecho de EE.UU. a detener el flujo de drogas hacia el país, razón por la que han desplegado un gran operativo militar en el Caribe, con ataques a pequeñas embarcaciones que se han extendido al Pacífico.
Sin embargo, altos funcionarios del Gobierno de Trump no han respondido qué ley permite no dejar supervivientes en un ataque militar en alta mar.
Según cifras confirmadas por el Pentágono, desde el inicio de las operaciones militares en agosto pasado hasta la fecha se han producido un total de veintiún ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, donde han muerto 82 supuestos “narcoterroristas”.
