La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase), en coordinación con la Superintendencia de Electricidad (SIE) y técnicos de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), ejecutó por segunda vez una intervención en una fábrica de productos lácteos ubicada en la carretera Villa Hortensia–El Seibo, en la comunidad Hato de Mana, provincia La Altagracia. En la misma jornada también fue fiscalizado el negocio MOFO-JHON, localizado en el sector Los Rosales, municipio Salvaleón de Higüey.
Durante las inspecciones, los equipos técnicos detectaron graves irregularidades en las acometidas eléctricas, así como manipulación intencional del sistema de medición, presuntamente destinadas a ocultar el consumo real de energía eléctrica. Como resultado de estas anomalías, se estimó una energía no facturada de 80,996 kWh, lo que representa un perjuicio económico aproximado de RD$1,082,389 para la empresa distribuidora.
Las autoridades explicaron que esta zona, a pesar de las constantes quejas de sus habitantes en relación al servicio eléctrico, presenta pérdidas significativas, atribuibles en gran medida a las conexiones ilegales y al fraude eléctrico, prácticas que afectan la estabilidad del suministro y la calidad del servicio para los usuarios que sí cumplen con sus deberes de regularidad y pago del servicio consumido.
Este operativo forma parte del plan de acciones conjuntas que Pgase y Edeeste ejecutan durante el año 2026 para enfrentar de manera firme el fraude eléctrico, con especial énfasis en empresas de alto consumo, las cuales están llamadas a garantizar un uso transparente, legal y responsable del servicio energético.
Las autoridades reiteraron que estos operativos continuarán desarrollándose de forma intensiva en toda el área de concesión. Asimismo, exhortaron a los usuarios a regularizar sus contratos y a reportar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales de Edeeste, con el objetivo de contribuir a un servicio más eficiente, seguro y equitativo.
Con estas acciones, las autoridades reafirman su compromiso con la reducción de pérdidas, el combate al fraude eléctrico y la consolidación de un sistema energético más justo, seguro y sostenible, en beneficio de la ciudadanía y del desarrollo del país.
