Nuestra economía crece. Fue menor el año pasado, pero ha crecido. Mientras sea en positivo, aunque poco, siempre será mejor que cualquier otro resultado. Sin embargo, en República Dominicana la política económica parece haber tomado un rumbo peligroso donde la popularidad de quien gobierna pesa más que la sostenibilidad fiscal.
Lo digo porque, al pasar balance, veo que lo que inició como una red de protección social necesaria, hace ya más de 20 años, se ha transformado en una masificación de subsidios. De ser una solución temporal, ahora es una estructura permanente que drena las arcas del Estado y, lo más grave, castra el espíritu de superación del ciudadano.
El problema no reside únicamente en las transferencias directas a los sectores más vulnerables. El verdadero nudo gordiano se encuentra en los incentivos y exenciones a sectores empresariales que, tras décadas de privilegios, no logran justificar la permanencia del sacrificio fiscal que el Estado realiza por ellos.
Es una contradicción lacerante: mientras el presupuesto público se asfixia, existen sectores que gozan de tratos tributarios especiales y, aun así, incurren en la evasión fiscal, sin olvidar la ponderación que tiene la informalidad en toda esta ecuación.
Esta cultura de la excepción ha creado un contexto donde el éxito no depende de la competitividad o la innovación, sino de la cercanía al presupuesto nacional. Cuando el Estado permite que grandes capitales evadan sus responsabilidades mientras mantiene subsidios generalizados, está enviando un mensaje claro: las reglas son opcionales para los poderosos y la dependencia es el destino para los pobres. Además, la masificación de estas ayudas responde a una lógica perversa.
Los gobiernos de turno, temerosos de una caída en la popularidad, prefieren repartir “boronas” antes que implementar reformas estructurales. Esta dependencia estatal está convirtiendo a miles de dominicanos en “clientes” del gobierno en lugar de ciudadanos productivos.
Al priorizar la imagen política sobre las prioridades de desarrollo, se está matando el espíritu emprendedor. El ciudadano que recibe una ayuda mínima, pero constante, pierde el incentivo de arriesgar, de educarse o de emplearse formalmente, pues el sistema le enseña que la supervivencia depende de la lealtad al político y no de su capacidad individual. En este escenario, que quede claro, las finanzas públicas no son infinitas y la productividad individual es el único motor real de una economía sana.
Un país no puede crecer si su base social está anestesiada por el asistencialismo y su élite económica está acostumbrada al privilegio sin rendición de cuentas. Es imperativo que los gobernantes asuman una postura responsable.
La sostenibilidad económica no se construye con parches ni con el aplauso fácil de las masas subsidiadas. Se construye con valentía para eliminar exenciones injustificadas, con mano dura contra la evasión y con una inversión real en sectores que generen empleo digno, no dependencia. Es hora de dejar de cuidar la popularidad de hoy para salvar el futuro de mañana.
