En los últimos años, República Dominicana ha experimentado un incremento sostenido en la producción normativa. Nuevas leyes, reglamentos, circulares y resoluciones buscan responder a una economía más compleja y demandante. Sin embargo, esto plantea una pregunta incómoda: ¿puede haber demasiado derecho para que la economía sea eficiente?
La sobrelegislación no siempre se traduce en mayor seguridad jurídica. Por el contrario, cuando las normas se multiplican sin suficiente coordinación, aumentan las zonas grises, las contradicciones y los espacios de interpretación discrecional.
Desde la perspectiva empresarial, el problema no es la existencia de regulación, sino su fragmentación. Empresas que operan en múltiples sectores enfrentan marcos normativos superpuestos, con obligaciones que a veces se duplican o incluso se contradicen. Esto eleva el costo de cumplimiento y reduce la eficiencia operativa, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
A esta complejidad se suma la variabilidad en la aplicación de las normas. Diferentes autoridades pueden interpretar disposiciones similares de manera distinta, generando incertidumbre sobre qué constituye realmente el cumplimiento. La seguridad jurídica, en este contexto, depende más del criterio del funcionario que del texto legal.
El principio de buena fe adquiere aquí una relevancia renovada. En un sistema sobrecargado de normas, la buena fe debería actuar como un principio orientador que privilegie la intención de cumplimiento sobre el formalismo excesivo. Sin embargo, su aplicación práctica suele ser limitada frente a esquemas regulatorios rígidos. La coherencia jurídica se convierte entonces en un activo económico.
No se trata de reducir normas indiscriminadamente, sino de asegurar que las existentes dialoguen entre sí y respondan a objetivos claros.
Desde el punto de vista del Estado, la sobrelegislación también tiene costos. La administración pública debe supervisar, interpretar y aplicar un volumen creciente de disposiciones, lo que puede generar ineficiencias y retrasos. Además, la proliferación normativa puede debilitar la capacidad de “enforcement” al dispersar recursos institucionales.
De cara a 2026, el desafío no es legislar más, sino legislar mejor. Esto implica fortalecer procesos de evaluación de impacto regulatorio, revisar normas existentes y eliminar duplicidades. La calidad normativa debe sustituir a la cantidad. Es necesario avanzar hacia una cultura de aplicación coherente del derecho, con capacitación institucional y criterios interpretativos uniformes, ya que la estabilidad jurídica no depende solo del legislador, también de la administración pública.
En definitiva, la sobrelegislación plantea un reto estructural para la economía dominicana. Un sistema con demasiadas reglas, pero sin coherencia, puede ser tan problemático como uno sin regulación suficiente. El país tiene la oportunidad de reordenar su arquitectura regulatoria hacia un modelo más simple, coherente y predecible. Lograrlo no solo mejoraría la eficiencia del Estado, sino también la competitividad del sector privado. En un entorno global exigente, la claridad jurídica es, en sí misma, una ventaja económica.
