En República Dominicana, emprender y operar un negocio formal implica más que una buena idea y capital inicial. Existe una capa menos visible, pero determinante, compuesta por licencias, autorizaciones, registros y permisos sectoriales que condicionan la actividad económica. Es lo que podríamos llamar la “economía de permisos”, un costo jurídico que rara vez se mide con precisión.
A diferencia de los impuestos, estos costos no siempre aparecen en los estados financieros. Sin embargo, se manifiestan en tiempo de gestión, retrasos operativos y, en muchos casos, oportunidades perdidas. El problema no radica únicamente en la existencia de permisos, que en muchos casos son necesarios para garantizar seguridad, calidad y orden público. La dificultad surge cuando los procesos son fragmentados, poco coordinados y sujetos a discrecionalidad administrativa.
Desde la perspectiva empresarial, la multiplicidad de ventanillas es uno de los principales obstáculos. Una misma operación puede requerir autorizaciones municipales, sectoriales y nacionales, cada una con requisitos, plazos y criterios distintos. Esta superposición incrementa costos e introduce incertidumbre sobre el momento en que una actividad puede iniciar legalmente.
Para las pequeñas y medianas empresas, el impacto es aún mayor. A diferencia de grandes corporaciones, no cuentan con equipos legales internos ni recursos para gestionar procesos prolongados.
Otro elemento crítico es la falta de predictibilidad en los tiempos de respuesta. Aunque algunas normativas establecen plazos, en la práctica no siempre se cumplen o están sujetos a interpretaciones flexibles. La digitalización de trámites ha sido presentada como una solución a estos problemas, y en parte lo es. Sin embargo, digitalizar procesos complejos sin simplificarlos previamente puede trasladar la burocracia del papel a la pantalla.
Desde el punto de vista del Estado, la economía de permisos también tiene implicaciones relevantes. Un sistema excesivamente complejo desalienta la formalidad, reduce la base de contribuyentes y limita el desarrollo. Además, incrementa los espacios para discrecionalidad y posibles prácticas irregulares.
Para este año, el desafío no es eliminar permisos, sino racionalizarlos. Esto implica revisar cuáles son realmente necesarios, unificar procesos, establecer plazos efectivos y crear mecanismos de coordinación interinstitucional.
Asimismo, resulta clave avanzar hacia esquemas de confianza regulatoria. Sistemas basados en declaraciones responsables, auditorías posteriores y gestión de riesgos pueden reducir tiempos sin sacrificar controles. Muchos países tienen modelos donde el control es más inteligente y menos obstructivo.
Para el sector privado, este entorno exige una gestión estratégica del cumplimiento. Conocer no solo la norma, sino el proceso, los tiempos y las posibles contingencias se vuelve parte esencial de la planificación empresarial.
En definitiva, la economía de permisos es uno de los costos invisibles más relevantes del entorno de negocios. No aparece en las estadísticas fiscales, pero incide en la competitividad y en la decisión de invertir. Reducirlo no es una concesión al sector privado; es una condición para el crecimiento sostenido.
