“Cuando las mercancías no cruzan las fronteras, los ejércitos lo harán”. -Frédéric Bastiat
Debería estar fuera de discusión que, cuando un conflicto sacude no solo el estrecho de Ormuz, también el de Bab el Mandeb, y además extiende su amenaza a las principales infraestructuras gasíferas y petrolíferas de la región, la conmoción de los mercados energéticos resulta inevitable. Con ella se resienten el empleo, los costos industriales, las cadenas de suministro y la estabilidad política de países que apostaron a una seguridad energética ajena, incierta y frágil.
Los riesgos son múltiples. El primero es el encarecimiento del petróleo y del gas. El segundo es el salto de los costos de transporte y aseguramiento. Las primas de riesgo de guerra para un solo viaje de un petrolero se han multiplicado entre 15 y 30 veces. Ese sobrecosto termina filtrándose a los combustibles, a la electricidad, al transporte de mercancías y al consumidor.
Entre los perdedores Europa aparece entre los más vulnerables porque sustituyó parte de su antigua seguridad energética por una dependencia mayor del Golfo y de los Estados Unidos, enfrentando ahora una ruta crítica bajo amenaza.
El Reino Unido ilustra bien el problema. Su industria ya opera con costos energéticos elevados frente a otras economías, y una nueva subida sostenida del crudo amenaza con presionar márgenes, congelar contrataciones y empujar despidos. Se advierte que más de 100,000 empleos podrían perderse si los precios de la energía permanecen altos durante varios meses.
Los productores árabes del Golfo tampoco salen indemnes. El Financial Times, citando a Kpler, estimó pérdidas energéticas por unos 15,100 millones de dólares desde el inicio de la escalada, con Arabia Saudita entre los más golpeados. Con el bombardeo de las principales infraestructuras energéticas de las naciones productoras, iniciando con la principal terminal de gas del mundo compartida entre Irán y Qatar (South Pars y Asaluyeh), esas pérdidas podrían triplicarse.
América Latina tampoco quedará al margen y, aunque no esté en el teatro directo de la guerra, sufrirá el impacto por la vía del encarecimiento de los combustibles, las presiones inflacionarias, el aumento de los costos logísticos y un mayor deterioro de sus ya frágiles cuentas externas.
Las grandes petroleras y los productores estadounidenses figuran entre los grandes ganadores. El Financial Times reportó que, si el petróleo promedia los 100 dólares por barril este año (ya sobrepasa ese nivel), las empresas energéticas de Estados Unidos podrían recibir un impulso de 63,400 millones de dólares en ingresos por producción, según estimaciones de Rystad. Esta era, sin duda, una de las apuestas del presidente Donald Trump, siendo su país el mayor productor del mundo.
También Rusia encuentra una ventana de oportunidad relativa, al no depender de Ormuz para exportar su crudo y beneficiarse de precios internacionales más altos, aprovechando además la dispensa temporal concedida dentro de ese ya abultado y contradictorio universo de las sanciones impuestas.
Así, mientras unos ganan con el encarecimiento de la energía, otros pagan con empleo, inflación, menor crecimiento y mayor fragilidad fiscal. Las guerras lejanas no son ajenas cuando el petróleo, los seguros y el transporte se convierten en un impuesto global. Tampoco lo serán para América Latina y el Caribe.
La realidad es que la energía, formidable e imprescindible soporte del crecimiento, está convirtiéndose, otra vez, en un arma de redistribución brutal entre ganadores y perdedores, además de factor decisivo de inestabilidad y caos en los mercados. Estamos ante un potencial deterioro del ingreso real, lo cual significaría el enfriamiento del consumo, la posposición de inversiones y el debilitamiento de la confianza.
