En teoría, el Banco Agrícola debería someterse a todos los rigores y estándares que establece la Ley Monetaria y Financiera. En la práctica, sin embargo, no es así. Su enfoque hacia el fomento de la producción agropecuaria lo ubica en una posición de cierto privilegio y dispensas ante las instituciones reguladoras. Con regularidad, recibe inyección de capital de parte del Poder Ejecutivo.
Una auditoría realizada por la firma BDO para los años 2023 y 2024, publicada en la sección Transparencia del portal del Banco Agrícola, estable que la entidad evalúa la cartera de crédito, los bienes recibidos en recuperación de crédito y determina su provisión conforme a políticas internas y no como lo requiere el Reglamento de Evaluación de Activo (REA) aplicado a las demás instituciones financieras.
El REA, elaborado por la Superintendencia de Bancos (SB), establece que las entidades de intermediación financiera deberán efectuar la evaluación y medición de riesgo de su cartera de crédito con base a los lineamientos definidos en el mismo.
En este contexto, la firma BDO plantea que entre los hallazgos de la auditoría están que el Banco Agrícola, para los años 2023 y 2024, presenta deficiencia en la provisión de la cartera de RD$3,467 millones y RD$1,239 millones, respectivamente. Aún no se ha publicado ningún informe de 2025.
Aunque como nota positiva establece que para esos años la cartera vencida a más de 90 días, que era de RD$3,703 millones y RD$2,581 millones, respectivamente, estaba completamente provisionada, en cuando a los bienes recibidos en recuperación de crédito el Banco presenta una deficiencia en la provisión de RD$77 millones para el 2024, la cual no fue ajustada en los libros.
En ese sentido, según BDO, no fue posible determinar el efecto que tendría sobre los estados financieros el haber realizado la evaluación y medición de riesgo de la cartera de crédito y bienes recibidos en recuperación de créditos conforme a lo establecido en el REA, ni mediante la aplicación de otros procedimientos de auditoría, por lo que “no pudimos satisfacernos de las provisiones de estas partidas, ni del cumplimiento con los requerimientos mínimos al 31 de diciembre de 2024 y 2023”.
Otra información relevante en la auditoría observa que en 2014 el directorio ejecutivo del Banco aprobó una resolución en la cual autorizaba la transferencia de RD$1,096 millones de la cuenta de superávit por revaluación de activos hacia faltantes acumulados históricamente en la provisión de la cartera de crédito. Sin embargo, indica que este registro se mantiene al cierre del al 31 de diciembre de 2024 y 2023, el cual no está conforme con el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, ni con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
