El sector agropecuario dominicano, columna vertebral de nuestra seguridad alimentaria, enfrenta hoy un desafío que no proviene de las sequías ni de las plagas, sino de la ineficiencia institucional.
Resulta alarmante e ilógico que la nómina del Banco Agrícola (Bagrícola) haya crecido más de un 143% desde agosto de 2020, por lo menos en su sede de Santo Domingo, sin que este engrosamiento administrativo se traduzca en un alivio para el productor.
Por el contrario, la institución parece haberse convertido en un botín político, un “regalo” para cuadros partidarios carentes de criterios técnicos, mientras el campo dominicano clama por soluciones financieras ágiles y profesionales.
Esta falta de rigor técnico se refleja directamente en la salud de sus libros. El deterioro de la cartera de crédito es una realidad innegable que se evidencia en el aumento crítico de las provisiones para préstamos incobrables, las cuales escalaron de RD$4,369 millones a RD$5,251.4 millones en apenas un año.
Este salto financiero no es un número frío; es el síntoma de una gestión que ha priorizado otras cosas sobre la evaluación de riesgos y el acompañamiento al productor.
Urge, por tanto, una profesionalización inmediata del Banco Agrícola para que deje de ser una agencia de empleos y recupere su esencia como banca de desarrollo. El Presidente de la República tiene la autoridad para hacerlo.
Es inaceptable que, mientras la estructura burocrática se expande de forma desproporcionada, los indicadores de calidad crediticia sigan una trayectoria opuesta. La lógica elemental dicta que un aumento masivo de personal debería fortalecer los mecanismos de fiscalización y recuperación de recursos.
Sin embargo, el incremento en las provisiones demuestra que el dinero del Estado se está colocando sin el rigor necesario, poniendo en riesgo el patrimonio público. Incluso, el valor de los activos ha bajado en lo que va de año. El Bagrícola necesita técnicos que entiendan de ciclos de siembra, mercados y resiliencia climática, no activistas que ocupen escritorios a espaldas de la realidad rural. ¿Habrá voluntad política para hacerlo?
El Gobierno debe entender que la eficiencia no se mide por la cantidad de plazas ocupadas, sino por la fluidez y salud del crédito que llega al campo.
Mantener una estructura tan pesada y poco técnica es un lujo que el presupuesto nacional y el campesinado dominicano no pueden seguir costeando.
