Sin ánimo de buscar culpables, porque se trata de un problema sistémico que toca a más de una generación y gobiernos, el déficit generado por la “ingestión” en las distribuidoras de electricidad (EDE) ha llegado a niveles prosaicos. Nada pesa en las finanzas públicas que el subsidio que se otorga cada año a esas empresas.
Para hablar con claridad hay que ser lo suficientemente transparentes. Mientras el Ministerio de Energía y Minas publica pérdidas acumuladas por el orden del 39.9%, que de por sí son altas, cuando se miden por cobros (recuperación de efectivo), entonces la realidad da más duro. A la fecha están en un 44%.
Ninguna empresa, aunque tenga la benevolencia del Estado, debería existir con pérdidas a este nivel. Por supuesto, un servicio tan vital para la estabilidad económica y social, como la electricidad, se apoya en su importancia para seguir.
Para ser didáctico, siendo proactivo ante cualquier aclaración posterior, las pérdidas de energía miden la diferencia entre la cantidad que las EDE compran a los generadores y la que facturan a sus clientes.
Las pérdidas de cobros miden esa misma diferencia, pero agregan la energía facturada que no se cobra. Por lo tanto, es la pérdida adicional que se refleja en la necesidad de más recursos para cubrir el déficit, que se vuelve tan pesado y estresante para las finanzas públicas. Lo que sigue en pie con este problema, a juzgar por los números, es la consecuencia de no haber tomado las decisiones pertinentes y valientes de quienes han podido hacerlo.
Aunque el proceso de deterioro de las finanzas en las EDE no es nuevo, sí hay que decir que durante los últimos seis años, porque es incuestionable, ha habido una profundización de la crisis.
Independientemente de las justificaciones que dan las autoridades, de que están dando más energía, que el petróleo ha subido, que no se ha podido aplicar la tarifa técnica, entre otras razones, lo único cierto y palpable es que las distribuidoras de electricidad están ejerciendo una presión insoportable sobre los ingresos del Gobierno, lo cual afecta la capacidad de invertir en obras que realmente agreguen valor.
Lo único cierto y palpable es que las justificaciones no pagan el déficit ni encienden las bombillas. Continuar postergando las reformas estructurales y las decisiones valientes por miedo al costo político solo prolongará una agonía financiera que ya es insostenible.
