República Dominicana no está al borde del abismo fiscal, pero sí ante una decisión que no admite aplazamientos. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ya lo ha dicho: el país no está en una situación de crisis de deuda.
Crecemos, pero también gastamos, renunciamos a cobrar impuestos y subsidiamos como si el crecimiento fuera infinito. Esa combinación, al parecer, comienza a pasar factura en cada presupuesto. Según Crédito Público de Hacienda, la deuda pública no financiera llegó a US$67,827.8 millones en julio de este año, 48.2% del PIB.
No es catastrófica, pero su costo alarma. Como país, en 2026 pagaremos más de RD$311,000 millones solo en intereses, entre 22% y 24% de los ingresos. De cada RD$100, casi una cuarta parte se va a pagar el pasado, sin construir escuelas ni hospitales.
El FMI lo ha dicho en el Artículo IV: hay que poner la deuda en senda descendente, eliminar exenciones, ampliar la base y reducir subsidios no focalizados, sobre todo en electricidad. No es ideología, es simple aritmética. Mientras en mercados emergentes los intereses promedian 11% de los ingresos, aquí duplican esa carga y nos dejan sin espacio para invertir.
El nudo, hay que decirlo, está en el gasto tributario. Hacienda estima que en 2027 se dejarán de percibir RD$458,629 millones por exenciones, 4.78% del PIB; en 2026 serían alrededor de RD$441,445 millones, 5.06% del PIB. No todas son privilegios: una parte protege alimentos, salud y educación. Pero otra son regímenes temporales que se volvieron permanentes: zonas francas, RD$40,804 millones; turismo, RD$17,229 millones; generación eléctrica, RD$16,287 millones. La Cepal advierte que en la región esta partida promedia 3.8% del PIB y que cada beneficio debe evaluarse por costo y resultado.
A eso se suma el subsidio eléctrico. Entre enero y octubre de 2026 se transfirieron RD$98,132.8 millones a las distribuidoras, según Presupuesto, superando lo previsto para el año. En 2025 fueron RD$105,849 millones. Los combustibles podrían cerrar en torno a RD$40,000 millones. El FMI identifica a la electricidad como el mayor riesgo fiscal: precios que no cubren costos, fraude y pérdidas.
Cada nómina inflada y transferencia sin meta es un préstamo que pagarán los hijos del futuro. Controlar la deuda no es austeridad ciega, es elegir. Es decirle al país que no podemos tenerlo todo sin pagarlo. Tomar es acción debe ser ahora.
