República Dominicana se encuentra frente a una de las encrucijadas socioeconómicas más determinantes de su historia republicana. El reloj demográfico avanza de forma implacable hacia una fecha que reconfigurará la estructura misma de nuestra sociedad: el año 2055.
De acuerdo con las proyecciones técnicas, a mediados de siglo República Dominicana alcanzará su pico poblacional, marcando el inicio de un proceso de envejecimiento generalizado. El desafío latente no admite postergaciones.
Como bien ha señalado de manera categórica el economista Raúl Ovalle, director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM): “No hay un país que se haya vuelto rico en un contexto de decrecimiento de población”, sostiene el experto.
Japón, Singapur, Corea, Taiwán, que hoy tienen poblaciones cayendo, ya superan los US$50,000 y US$60,000. China es el único que está intentando volverse rico con su población cayendo.
Bajo esta señal, la ventana de oportunidad es estrecha pero suficiente. Como país, disponemos de exactamente tres décadas para introducir y consolidar reformas estructurales profundas que potencien de manera agresiva nuestro crecimiento. Cuidado con perder el tiempo.
“Tenemos 30 años para hacernos ricos antes de volvernos viejos”, sostiene el especialista, resumiendo la urgencia de dar el salto hacia el estatus de economía desarrollada antes de que la base laboral comience a reducirse.
Ovalle es contundente: Lograr esta transformación exige abandonar la inercia y transitar decididamente hacia un modelo fundamentado en la inyección de capital estratégico y la adopción masiva de la innovación tecnológica.
No obstante, la transformación no ocurrirá por generación espontánea. Exige posiciones responsables, transparentes y valientes por parte de los tomadores de decisiones.
El verdadero blindaje del crecimiento descansa en dos pilares que han sido históricamente esquivos: el fortalecimiento radical de la educación pública y la robustez de la institucionalidad.
Sin aulas capaces de formar la fuerza laboral del futuro, y sin un marco legal que erradique la arbitrariedad, será imposible sostener la competitividad del país en un entorno global altamente cambiante y retador. Garantizar la seguridad jurídica y la fortaleza de las instituciones es el único camino viable para afianzar la certidumbre de los mercados.
