“La contaminación no empieza en el aire, empieza en las decisiones que permiten ensuciarlo”.
Durante mi paso por la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad, entidad conocida como Digenor, sostenía que, en materia de combustibles, lo que se permite en la norma termina respirándose en la calle.
Esa afirmación recobra pleno sentido cuando la discusión se desplaza del octanaje de las gasolinas al contenido de azufre en el gasoil regular. En este caso, el problema resulta menos visible para el usuario común, pero mucho más agresivo para el aire, la salud, los motores modernos y la credibilidad de cualquier política de movilidad limpia.
Como es sabido, el país dispone de un gasoil óptimo con un límite de 15 partes por millón de azufre, compatible con los estándares más exigentes. Lo que preocupa, con razón, es la permanencia de un gasoil regular con niveles muy superiores, que mantiene abierta una brecha técnica, ambiental y sanitaria difícil de justificar.
Incluso si el límite permitido se reduce de 7,500 a 2,500 ppm, la distancia frente a los 15 ppm recomendados seguiría siendo enorme. Estaríamos, en consecuencia, ante una corrección muy incompleta, todavía insuficiente para proteger la salud pública, mejorar la calidad del aire y reducir los impactos ambientales.
Parecería que el azufre es apenas un detalle químico menor. Sin embargo, cuando se quema en motores diésel, contribuye a la formación de dióxido de azufre, material particulado fino y otros contaminantes asociados a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Pensemos por un momento en el Gran Santo Domingo, una ciudad densamente congestionada, donde autobuses, camiones, patanas, volquetas y otros vehículos de carga circulan diariamente.
¿Queda esa contaminación atrapada en el tubo de escape o pasa al aire que respiran peatones, choferes, estudiantes, envejecientes, mujeres embarazadas, vendedores informales y trabajadores expuestos durante horas a las emisiones del tránsito?
La calidad del gasoil es un asunto de alta prioridad pública. Cada galón de combustible con alto contenido de azufre representa una pequeña descarga contaminante que se repite miles de veces al día, con consecuencias acumulativas dañinas para la salud humana, sin sumar los efectos ambientales relevantes, como la lluvia ácida, la afectación de los suelos, los daños indirectos a la producción agropecuaria y el deterioro progresivo de infraestructuras, expresado en corrosión de metales, desgaste de pinturas y cubiertas, afectación de puentes, barandas, tuberías, estructuras de acero, fachadas, monumentos y superficies de concreto o piedra.
Actualmente Estados Unidos trabaja con 15 ppm, Europa se mueve alrededor de 10 ppm y Chile avanza hacia ese nivel.
Colombia y México recorren rutas de reducción progresiva, mientras otros países de la región entienden que no se puede hablar seriamente de transporte limpio si el combustible sigue siendo sucio. Es que la modernización vehicular requiere normas de combustible coherentes con la tecnología que se importa y con los compromisos ambientales que el país asume.
Deberíamos avanzar hacia un máximo de 15 ppm de azufre, mediante un calendario obligatorio, verificable y sin excepciones indefinidas. Cualquier etapa intermedia tendría que ser breve y conducir claramente a la eliminación del gasoil regular de alto azufre para uso vehicular. Las transiciones eternas suelen ser, en este país, expresión de falta de voluntad política, conveniencias soterradas o concesiones permanentes a la inercia regulatoria.
Por experiencia sé que no basta con escribir un límite en el papel. Lo crucial es controlar la importación, el almacenamiento, el transporte, la distribución y el expendio; publicar resultados periódicos de calidad; aplicar sanciones reales y evitar que combustibles fuera de especificación sigan circulando por la cadena comercial. Es urgente una fiscalización técnicamente sustentada, transparente y libre de amarres ocultos que terminen vaciando de contenido la norma.
Reducir el azufre es una decisión mínima de modernización, una obligación sanitaria y una señal de respeto hacia quienes respiran, trabajan y se transportan todos los días en nuestras ciudades.
