El Gobierno dominicano, con la participación de varias instituciones incluida la Superintendencia de Pensiones (Sipen), ha estado trabajando en un proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Social 87-01, que ha de abarcar varios aspectos, aunque en esta ocasión solo haremos referencia a lo referente al sistema de pensiones.
Desde 2001 y más efectivamente desde mediados de 2003, se inició el ahorro de los trabajadores y empleadores, a través de la cuenta de capitalización individual (CCI). Cada trabajador aporta el 2.87% de su salario, el empleador le agrega el 7.10% del salario y ese 9.97% pasa a una cuenta individual, que es gestionada por una administradora de fondos de pensiones (AFP), para invertir el dinero y procurar mayor rendimiento, es decir, que el fondo crezca con base en la rentabilidad de donde se invierte.
A cambio, las AFP recibían una compensación, más una comisión con base en el nivel de rendimiento que obtuvieran de los fondos. A partir de 2019, ese esquema de ganancias de las AFP cambió y su beneficio consiste en recibir el 0.75% de todo el patrimonio que administran, es decir, una comisión fija que pesa sobre el rendimiento y sobre el capital ahorrado con los aportes de empleados y empleadores.
Se trata de un método sobre el cual las AFP obtienen ganancias seguras, aunque no haya rendimiento elevado del fondo. Por ejemplo, suponga que en un año determinado los fondos de pensiones no generan rendimiento alguno; aun así, las AFP reciben su ganancia segura de 0.75% del monto acumulado. En resumidas cuentas: una reforma que benefició más a las AFP y menos a los trabajadores.
Por eso, ahora que el superintendente de Pensiones anda en un media tours para sensibilizar sobre el contenido de la propuesta de reforma al sistema de pensiones, a mí, de manera particular, me genera cierta preocupación. Esto así, porque como dije antes, la reforma del 2019, en vez de beneficiar a los trabajadores, lo que ha hecho es perjudicarles.
En esta ocasión, la intención de la reforma es hacer que los trabajadores aporten mayor proporción de sus salarios en el fondo, además de ampliar la edad de retiro de 60 años actual a 65 años. El objetivo es, supuestamente, para que los trabajadores cuenten con un mayor monto de pensión al momento de retirarse.
Sin embargo, la fórmula de un mayor monto de pensión es que el rendimiento de los fondos de pensiones invertidos en instrumentos financieros y otras áreas sea cada vez más alto, es decir, que las AFP procuren obtener mejores tasas de retorno en cada inversión. Pero, como dije antes, aunque el rendimiento fuera nulo, las AFP como quiera ganarán su comisión, lo cual no les da incentivo para procurar inversiones más rentables, pues su ganancia no depende directamente de la rentabilidad, sino, más bien, de los aportes de trabajadores y empleados, sobre los cuales, de manera absurda, pesa una comisión fija de administración.
El otro argumento de parte del Gobierno, especialmente a través de la Sipen, es que los fondos de pensiones aportan al desarrollo económico, debido a que se invierten en proyectos productivos que generan empleos y riquezas. Sí, eso es verdad. Pero, para el interés del trabajador, que es el dueño de ese ahorro, lo importante es que el rendimiento de esas inversiones sea cada vez más elevado, de forma que el fondo acumulado crezca.
Si para eso el fondo se invierte en proyectos empresariales de desarrollo, excelente; pero deben ser proyectos que generen altos intereses. Además, está la parte que nunca se menciona y sobre la que ya algunos expertos temen finales no felices: el tipo de garantía que están ofreciendo esos receptores de los fondos de pensión en los casos de que el proyecto donde se invierten resulte fracasado.
Por ejemplo, fondos de pensiones para construir un hotel. ¿Y si el hotel quiebra o no genera ganancias para pagar el rendimiento esperado por el fondo de pensión invertido, qué pasa? ¿Qué tipo de garantía se está estableciendo para dar seguridad a los fondos de pensiones invertidos en proyectos privados?
En los casos de inversión de los fondos de pensiones en instrumentos de deuda del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, por lo menos se tiene la seguridad de que están garantizados por el propio Estado, el cual no quiebra. Es decir, el dinero, en esos casos, está seguro. En otros sectores, no sabemos. Pero, vamos a esperar.
