La reforma al sistema de pensiones que se discute entre autoridades, empresarios y trabajadores busca elevar de 20% a cerca de 70% la proporción de afiliados que tendría algún nivel de garantía previsional en República Dominicana.
Así lo explicó el superintendente de Pensiones, Francisco Torres, durante una presentación sobre el borrador de actualización de la Ley 87-01 del Sistema de Seguridad Social, donde resaltó que solo alrededor del 20% de los afiliados lograría completar los 30 años de cotización para obtener una pensión suficiente sin apoyo adicional del sistema.
“Eso no significa que las personas que no puedan completar los 30 años de cotización se quedarán sin pensión, sino que recibirán una pensión basada en lo acumulado en su cuenta individual, pero sin una garantía mínima de duración en el tiempo”, explicó Torres.
De acuerdo con el funcionario, la intención es que más trabajadores puedan acceder a un piso mínimo de protección durante la jubilación. “Queremos eliminar esa ansiedad que las personas tienen de que el dinero de la pensión se acabe”, expresó.
Para ampliar la cobertura, el borrador plantea reducir temporalmente de 25 a 15 años el requisito mínimo de cotización para acceder a una pensión garantizada. La medida se aplicaría por unos 20 años y luego volvería al esquema actual, como parte de una estrategia para mantener la sostenibilidad financiera del sistema.
Al respecto, el titular de la Superintendencia de Pensiones subrayó que la propuesta busca que tres de cada 10 afiliados puedan recibir una pensión equivalente al 100% de su último salario, siempre que logren completar 25 años de cotización. El esquema mantendría la posibilidad de acceder a una garantía mínima desde los 15 años de aportes.
También, la propuesta contempla aumentar gradualmente las cotizaciones al sistema. Actualmente, el aporte total equivale a 9.97% del salario cotizable y el borrador plantea elevarlo a 15.25% en un período de ocho años. Según lo discutido, el mayor peso del incremento recaería sobre los empleadores y se implementaría de forma gradual para evitar presiones sobre el empleo formal.
El documento en discusión también incluye ajustes periódicos por inflación para las pensiones garantizadas, incentivos económicos para quienes retrasen voluntariamente su retiro y el fortalecimiento de los planes complementarios de ahorro previsional.
Entre esos planes se contempla permitir el uso de fondos para primera vivienda, educación y emergencias, además de incorporar a trabajadores autónomos e informales mediante mecanismos de ahorro voluntario. Torres aclaró que el borrador aún se encuentra en fase de evaluación y consenso entre el Gobierno, el sector empresarial y representantes laborales.
