La semana pasada, en Washington, D.C., participé en el Americas Forward Forum de Global Americans, un encuentro que reunió a ministros, inversionistas, ejecutivos y responsables de política pública de distintos países del hemisferio. Los temas fueron diversos —inteligencia artificial, centros de datos, energía, infraestructura digital y cadenas de suministro— pero todas las discusiones convergieron en una misma pregunta: ¿por qué algunos países logran atraer las grandes corrientes de inversión internacional mientras otros permanecen al margen?
La respuesta fue interesante. Los inversionistas pueden tolerar impuestos más altos, mercados más pequeños o ciertas limitaciones estructurales. Lo que no toleran es la incertidumbre. El capital puede convivir con muchos riesgos; lo que detesta es la imprevisibilidad.
Esa reflexión resulta especialmente relevante en este momento. La reorganización de las cadenas globales de suministro, el auge del nearshoring y la expansión de la economía digital están obligando a empresas e inversionistas a replantearse dónde producir, dónde invertir y dónde establecer presencia a largo plazo. Son transformaciones que ocurren pocas veces por generación, y América Latina las enfrenta con un viento adicional a favor: una administración estadounidense decidida a profundizar su presencia económica en el hemisferio.
Según The Economist, la inversión extranjera directa hacia la región creció de US$167 mil millones a US$204 mil millones en 2025, mientras los flujos hacia otras regiones en desarrollo se contrajeron. Las fusiones y adquisiciones aumentaron cerca de un 50%, y los mercados bursátiles latinoamericanos superaron el desempeño agregado de los mercados emergentes. Por primera vez en mucho tiempo, América Latina vuelve a estar en el radar de los grandes capitales.
La República Dominicana se encuentra bien posicionada para beneficiarse de estas tendencias. Cerca de tres décadas de estabilidad sostenida nos han permitido acumular ventajas reales: ubicación geográfica estratégica, una plataforma logística sofisticada, acuerdos comerciales con los principales mercados del mundo y una estabilidad macroeconómica que pocos países de la región pueden igualar. Las inversiones en infraestructura tecnológica, los acuerdos en inteligencia artificial y los avances en indicadores internacionales de Estado de Derecho son, precisamente, el tipo de señales que el capital institucional observa antes de comprometerse.
Pero sería un error confundir señales con resultados. En Washington D.C., surgió con frecuencia el caso de Paraguay. Un país históricamente periférico que en menos de una década logró posicionarse como destino atractivo para proyectos de infraestructura digital. La explicación no es un misterio: Paraguay fortaleció sus marcos regulatorios e institucionales y, lo más importante, mantuvo una dirección estratégica consistente a través de distintos gobiernos. Esa consistencia —más que cualquier incentivo fiscal— fue la que permitió construir credibilidad. Los países no compiten únicamente por ofrecer incentivos, sino también por proyectar confianza.
En este marco, la confianza se ha convertido en el capital institucional más valioso. Hay un hallazgo del foro que me pareció especialmente revelador. La Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó su índice global de Estado de Derecho y Negocios, que evalúa 149 mercados. Su conclusión central fue que la transparencia ha mejorado en casi todas partes, pero el debido proceso y la aplicación efectiva de las leyes se han deteriorado más que cualquier otro indicador. Los países publican más información que nunca, pero cumplen menos que antes.
Y aquí está la idea que más resonó en esas conversaciones, y que creo que falta casi por completo en el debate dominicano: en un contexto mundial cada vez más competitivo, el Estado de Derecho no es solo una condición ética o política. Es, en sí mismo, el mecanismo más eficaz para atraer y retener inversión de largo plazo.
Lo que escasea no son los fondos. Lo que escasea son jurisdicciones capaces de ofrecer la certidumbre que justifica compromisos de veinte o treinta años. El capital no huye de América Latina por falta de interés. Huye cuando no encuentra garantías de que las reglas de hoy seguirán vigentes mañana.
República Dominicana ha avanzado más que la mayoría, y ese es precisamente el punto de partida correcto. El momento exige capitalizar ese avance con la misma disciplina con que se construyó: reforma tras reforma, ciclo electoral tras ciclo electoral.
Las grandes decisiones de inversión no se toman pensando en el próximo trimestre. Se toman pensando en las próximas décadas. Y la pregunta que debemos hacernos no es cuánto capital está dispuesto a venir. Es si estamos construyendo el país en el que ese capital estará dispuesto a quedarse.
