El titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, destacó que el sistema de contrataciones públicas no solo garantiza el abastecimiento de las instituciones estatales, también puede y debe convertirse en un motor para el desarrollo de la producción agropecuaria nacional.
Al participar en el Cuarto Congreso Nacional de Productores Agropecuarios, celebrado en Punta Cana, Pimentel señaló que uno de sus avances más relevantes de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas es el fortalecimiento del principio de la compra pública orientado a la producción nacional. “Esto significa que el gasto público debe utilizarse de manera estratégica para estimular la producción local y dinamizar la economía rural”, añadió.
Consideró que, en los programas de alimentación (desayuno escolar y comedores económicos) y de asistencia social, el sistema de compra pública puede priorizar la adquisición de bienes de producción de la nación.
Asimismo, indicó que la normativa permite realizar procedimientos dirigidos exclusivamente para los productores nacionales, lo que abre la puerta para agricultores, asociaciones de productores, cooperativas y agroindustrias locales.
Compras
El funcionario precisó que las compras públicas en el país representan aproximadamente el 32% del presupuesto público, equivalente a RD$450,000 millones anuales, destinados a la adquisición de bienes, servicios y obras del Estado.
“Dentro de ese universo, el segmento agroalimentario constituye uno de los del mercado más relevante, pues, abarca la compra de alimentos frescos, granos, carnes, lácteos, frutas, vegetales, alimentos procesados, fertilizantes, semillas e insumos agrícolas”, detalló.
Según Pimentel, el marco legal establece que al menos el 30% del presupuesto de compra pública debe destinarse a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), incluyendo, además, una cuota especial para las empresas lideradas por mujeres.
Este aspecto, agregó, resulta importante para el sector agropecuario, ya que gran parte de los productores agrícolas operan bajo esquemas de pequeña y mediana empresa, pero, además, organizados en organizaciones o en cooperativas rurales. “Miles de productores dominicanos tienen la posibilidad de integrarse al mercado público como proveedores del Estado”, sostuvo.
De hecho, las estimaciones basadas en el comportamiento del sistema de contrataciones públicas sugieren que el mercado agroalimentario dominicano podría situarse entre RD$40,000 y RD$50,000 millones anuales, lo que representa aproximadamente entre el 9 y el 12% del mercado total de las compras públicas.
Inversiones
Acorde con el titular de la DGCP, la participación efectiva de los productores agrícolas en las contrataciones públicas requiere superar obstáculos históricos del sector como la disponibilidad del capital de trabajo.
Resaltó que la producción agropecuaria exige inversiones previas para la preparación de la tierra, la siembra, la fertilización, la cosecha, la logística de transporte. Al respecto, manifestó que la nueva disposición legal de contrataciones públicas permite anticipos de hasta un 30% del valor de contrato a las mipymes proveedoras del Estado.
“Este mecanismo representa un avance importante, pues reduce riesgos financieros para los productores y facilita su capacidad para cumplir con los contratos públicos”, puntualizó, al tiempo de agregar que la ley introduce modalidades modernas y flexibles, las cuales pueden beneficiar directamente al sector agroalimentario.
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