La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) reafirmó este viernes que la emisión del nuevo reglamento del Registro de Proveedores del Estado (RPE) constituye una medida que busca poner fin a décadas de distorsiones, irregularidades y malas prácticas en el sistema de compras públicas del país.
La institución aclaró que el nuevo reglamento DGCP-SNCP 01-2026 que entrará en vigencia el 20 de agosto no limita el crecimiento de las empresas ni impide la expansión de sus actividades comerciales. Explicó que el cambio fundamental radica en una exigencia de transparencia y coherencia básica dentro de la administración con el fin de asegurar que las actividades que un proveedor registre en el RPE se correspondan de manera estricta con las actividades económicas que tiene formalmente declaradas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Con esta medida, la DGCP busca corregir una práctica histórica mediante la cual algunas sociedades comerciales incorporaban una cantidad excesiva y no estandarizada de actividades económicas en su registro, sin que estas guardaran relación con su experiencia, capacidad operativa o actividad principal, con el propósito de participar en una amplia variedad de procesos de compras del Estado.
El órgano rector expresó que la especialización de los proveedores constituye un elemento fundamental para garantizar una competencia más justa y elevar la calidad de los bienes y servicios contratados.
“No es posible, ni técnica ni éticamente, que una empresa se dedique con la misma especialidad y capacidad a todas las actividades comerciales existentes. El Estado no puede seguir asumiendo los altísimos riesgos operativos, jurídicos y financieros que esto ha generado en la historia de las contrataciones públicas”, agregó.
Clasificación técnica y competencia justa
La DGCP reiteró que la medida busca que los procesos de compra cuenten con proveedores que participen exclusivamente en las áreas donde realmente desarrollan sus operaciones y posean experiencia y especialidad técnica. Indicó que con esto se garantiza reglas de juego justas y una competencia en igualdad de condiciones para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y sectores especializados que a menudo se veían desplazados por estructuras corporativas genéricas.
Para facilitar este proceso, la institución explicó que las actividades registradas en la DGII serán desagregadas en el RPE utilizando el Catálogo de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, permitiendo una clasificación mucho más precisa y estandarizada. En palabras llanas, por ejemplo: una “actividad madre” o principal en la DGII puede traducirse en el registro de hasta cinco actividades específicas en el RPE, asegurando que el proveedor no pierda espacio de mercado legítimo, sino que se catalogue con precisión.
Una decisión política orientada a la transparencia
La Dirección General de Contrataciones Públicas enfatizó que esta reforma responde a una firme voluntad política de elevar la calidad del gasto público, garantizar el uso eficiente de los recursos del Estado y proteger la integridad del mercado.
“Esta medida es un pilar fundamental para contrarrestar la ilegalidad y la opacidad en los contratos estatales, asegurando que el Estado dominicano contrate solo con proveedores idóneos, transparentes y formalmente responsables”, destacó en el comunicado.
