República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que cuenta con una legislación nacional de presupuesto participativo, según el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD.
El organismo identifica al país, junto con Perú, entre las naciones que han convertido este mecanismo de participación en una política pública respaldada por ley.
El presupuesto participativo permite que los ciudadanos intervengan en la definición de prioridades de inversión pública, especialmente en el ámbito municipal, mediante consultas y procesos de deliberación sobre el destino de una parte de los recursos públicos.
Región
El PNUD sostiene que la participación política sigue siendo uno de los rasgos distintivos de América Latina y el Caribe, aunque advierte que el involucramiento ciudadano convive con crecientes niveles de insatisfacción respecto al desempeño de las instituciones democráticas.
El informe añade que fortalecer los espacios de deliberación y participación puede contribuir a mejorar la confianza ciudadana y la legitimidad de las decisiones públicas.
En el caso dominicano, la inclusión del presupuesto participativo en la legislación nacional coloca al país dentro de un grupo reducido de economías de la región que han buscado institucionalizar la participación directa de la ciudadanía en la gestión de los recursos públicos.
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