El artículo anterior sostuvo que el dólar no se derrumba, pero que la confianza en las reglas que administran su poder se ha vuelto menos automática. El siguiente paso está en Washington. La moneda de reserva no depende solo de mercados financieros profundos, bancos líquidos y una red global de pagos. También depende de la credibilidad fiscal del Estado que la emite.
Esa credibilidad no exige deuda baja en todo momento. Estados Unidos ha sostenido niveles elevados de endeudamiento en otros periodos, sobre todo después de guerras o crisis económicas. La diferencia actual está en la trayectoria: déficits altos en una economía que no está en recesión, costos de intereses en aumento, envejecimiento poblacional, compromisos de gasto difíciles de reformar y un sistema político con menor capacidad para producir acuerdos fiscales duraderos.
Conviene empezar por una distinción que suele perderse en el debate público. No toda cifra de deuda mide lo mismo. La deuda pública total pendiente incluye tanto los títulos en manos de inversionistas como las obligaciones intragubernamentales. La métrica más usada para evaluar sostenibilidad fiscal es la deuda federal en manos del público, porque mide cuánto debe financiar el gobierno frente a hogares, empresas, fondos, bancos, la Reserva Federal, inversionistas extranjeros y otros tenedores fuera de las cuentas internas del propio Estado.
Al 5 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reportaba una deuda pública total pendiente de 39.22 billones de dólares. De ese monto, 31.60 billones correspondían a deuda en manos del público y 7.62 billones a tenencias intragubernamentales. La cifra total muestra la escala del pasivo; la deuda en manos del público muestra la presión de financiamiento que importa para mercados, tasas de interés y confianza macroeconómica.
El problema no es que Estados Unidos haya cruzado una cifra simbólica. El problema es que la trayectoria apunta hacia más deuda aun bajo supuestos de crecimiento razonable. En su actualización de febrero de 2026, la Congressional Budget Office, u Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), proyectó un déficit federal cercano a 1.9 billones de dólares en 2026, equivalente a 5.8% del producto interno bruto (PIB). También proyectó que el déficit aumentaría hacia 3.1 billones de dólares en 2036, alrededor de 6.7% del PIB, y que la deuda federal en manos del público subiría de cerca de 101% del PIB en 2026 a 120% en 2036. La propia página de datos de la CBO identifica la actualización presupuestaria de febrero de 2026 como la más reciente de sus proyecciones a diez años.
La carga de intereses es el dato que transforma la deuda en restricción política. Durante años, Estados Unidos pudo endeudarse a bajo costo porque el mundo demandaba activos seguros en dólares y porque las tasas de interés eran reducidas. Esa combinación ya no puede darse por supuesta. La CBO estimó que el gasto anual por intereses podría alcanzar 2.1 billones de dólares en 2035, equivalente a 4.6% del PIB. En esa escala, los intereses dejan de ser una línea contable y pasan a competir con defensa, salud, inversión pública y margen de respuesta ante crisis.
Ahí aparece el vínculo con el dólar. La deuda del Tesoro de Estados Unidos cumple dos funciones a la vez. Financia al gobierno federal y ofrece al resto del mundo el activo seguro más usado del sistema financiero. Esa doble función ha sido una fuente de poder. Pero también crea una dependencia: para que el dólar conserve su papel central, el mercado debe seguir creyendo que Estados Unidos puede emitir deuda sin deteriorar la confianza en la moneda que denomina esa deuda.
Esa confianza no se rompe de un día para otro. El mercado de títulos del Tesoro sigue siendo profundo, líquido y difícil de sustituir. Ningún otro país ofrece, en la misma escala, una combinación semejante de volumen, convertibilidad, instrumentos de cobertura y aceptación global. Por eso una deuda elevada no implica por sí sola una crisis del dólar. La pregunta útil no es si Estados Unidos puede endeudarse más mañana. Puede hacerlo. La pregunta es a qué costo, durante cuánto tiempo y con qué efecto sobre la percepción de neutralidad y disciplina del sistema.
Las agencias de calificación ya han tratado esa tensión como un problema institucional, no solo contable. Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación soberana de Estados Unidos en 2011. Fitch Ratings lo hizo en 2023. Moody’s Ratings retiró en mayo de 2025 la última máxima calificación crediticia —la llamada triple A (AAA)— que conservaba la deuda estadounidense, al bajar la nota de Aaa a Aa1. La decisión de Moody’s se apoyó en déficits persistentes, aumento de la deuda y costos de intereses más altos. La rebaja no produjo una crisis inmediata, pero confirmó un cambio de juicio: el riesgo fiscal estadounidense ya no es tratado como ruido político pasajero.
El punto no es que las agencias dicten la verdad del mercado. No lo hacen. El punto es que sus decisiones condensan una percepción más amplia: la fortaleza económica de Estados Unidos sigue siendo considerable, pero su proceso fiscal se ha vuelto menos capaz de corregir desequilibrios antes de que estos se acumulen. Cuando los déficits se normalizan, cuando cada negociación presupuestaria se convierte en pulso político y cuando el costo de intereses crece más rápido que otras partidas, la solvencia deja de ser solo una cuestión de capacidad económica. También se vuelve una cuestión de gobernabilidad.
La demografía agrava esa tensión. El envejecimiento de la población aumenta el gasto en programas de retiro y salud. La política tributaria reduce o limita ingresos en determinados periodos. La defensa, la seguridad fronteriza, la transición energética, la competencia tecnológica y los compromisos geopolíticos presionan por más gasto. El resultado es una economía que conserva una base productiva amplia, pero cuya política fiscal exige decisiones que el sistema político tiende a postergar.
Ese aplazamiento tiene costos. Si los inversionistas exigen mayores rendimientos para mantener títulos del Tesoro, el gasto por intereses sube. Si el gasto por intereses sube, el déficit aumenta. Si el déficit aumenta, la emisión de deuda crece. Y si la emisión crece sin una estrategia fiscal creíble, el mercado puede pedir una prima adicional. No es un círculo automático, pero sí una dinámica que puede reforzarse a sí misma.
La condición de emisor de la moneda de reserva le da a Estados Unidos más margen que a otros países. Ese margen es real. El gobierno federal se endeuda en su propia moneda, la demanda global de activos en dólares sigue siendo amplia y la Reserva Federal conserva capacidad para estabilizar mercados en episodios de estrés. Pero margen no significa inmunidad. El privilegio monetario puede retrasar el ajuste; no elimina la aritmética fiscal.
Tampoco conviene exagerar el argumento contrario. La deuda pública estadounidense no debe analizarse como la de una economía emergente. Estados Unidos conserva productividad, profundidad financiera, capacidad tributaria, poder militar, liderazgo tecnológico y una red institucional que aún genera confianza relativa. Esa es la razón por la que, incluso después de rebajas crediticias, los títulos del Tesoro siguen funcionando como refugio en muchos episodios de tensión global.
La cuestión es más puntual: el dólar puede seguir dominando aun cuando aumente la preocupación fiscal sobre Estados Unidos. Pero lo hará en un sistema más caro. La erosión de confianza no necesita expresarse como abandono del dólar. Puede aparecer como mayor volatilidad de tasas, más demanda de compensación por plazo, diversificación gradual de reservas, acumulación de oro, búsqueda de canales de pago alternativos y una sensibilidad mayor ante cada disputa presupuestaria en Washington.
Eso afecta al resto del mundo. Cuando el emisor de la moneda central acumula déficits persistentes, exporta parte de su incertidumbre. Las tasas del Tesoro sirven de referencia para el precio de activos, créditos y riesgos en muchas economías. Si esas tasas incorporan mayor prima fiscal, el encarecimiento se transmite a gobiernos, empresas y hogares fuera de Estados Unidos. La deuda estadounidense deja de ser solo un asunto doméstico: se convierte en una variable de financiamiento global.
Para economías pequeñas y abiertas, la implicación es directa. Si el activo que ordena buena parte del sistema financiero mundial se vuelve menos barato, menos estable o más sensible a la política interna estadounidense, el margen de error se reduce. La gestión de deuda, las reservas internacionales, la composición por moneda, los plazos de vencimiento y la credibilidad fiscal doméstica pesan más. Los países que dependan de financiamiento externo tendrán que convivir con un entorno donde el dólar sigue siendo necesario, pero el costo de operar alrededor de él puede aumentar.
La disciplina fiscal de Estados Unidos, por tanto, no es un detalle técnico del presupuesto federal. Es una pieza de la legitimidad del dólar. Mientras el mundo crea que Washington puede sostener su deuda sin sacrificar estabilidad, el sistema seguirá funcionando sobre la base conocida. Si esa creencia se debilita, no habrá necesariamente una sustitución inmediata de la moneda estadounidense. Habrá algo menos visible y más persistente: más cobertura, más cautela, más diversificación parcial y más costo por cada unidad de confianza.
La pregunta que queda no es si la deuda estadounidense provocará por sí sola el fin del dólar. Ese escenario sigue siendo improbable. La pregunta es qué tipo de sistema monetario emerge cuando la moneda dominante conserva su centro operativo, pero el emisor de esa moneda ofrece menos disciplina fiscal y menos previsibilidad política de la que el sistema necesita. Esa tensión conduce al tercer artículo: un mundo con más monedas en uso no necesariamente será un mundo mejor ordenado.
