Al releer la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana hacia 2030 junto al whitepaper de 2025 Exportable Intellectual Property: Establishing a New Dominican Economic Pillar, queda claro cuánto ha avanzado la conversación nacional. La pregunta ya no es si la propiedad intelectual debe formar parte de la política económica. La pregunta difícil es cómo una idea dominicana protegida se convierte en una licencia, una exportación, financiamiento o ingreso.
La ENPI 2030, coordinada por el MICM con cooperación técnica de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, va mucho más allá del registro. Sus cinco ejes conectan creación, modernización institucional, comercialización, observancia y gobernanza. Leídos en conjunto, describen algo mucho más cercano a una infraestructura económica para la propiedad intelectual.
Ese es el avance. También es donde comienza la parte cara.
Un activo protegido también puede estar económicamente muerto
Una universidad puede desarrollar tecnología valiosa, protegerla correctamente y nunca licenciarla. Una empresa puede tener una marca sólida sin convertirla en un activo exportable. Un creador puede controlar derechos valiosos que jamás generan ingresos internacionales.
Cada institución involucrada puede cumplir correctamente su mandato y, aun así, el valor económico puede perderse entre el registro y la transacción.
Ese es el vacío de conversión de la propiedad intelectual.
La propia ENPI reconoce el problema. La explotación económica de la PI dominicana continúa siendo incipiente, existen capacidades limitadas de transferencia tecnológica y la mayoría de las MIPYMES todavía no integra la propiedad intelectual de manera sistemática en sus estrategias de competitividad e internacionalización. El país tampoco cuenta hoy con una plataforma nacional estructurada para comercializar, licenciar o transferir estos activos.
Por eso República Dominicana no necesita solamente más propiedad intelectual. Necesita mejores mecanismos para moverla hacia el mercado.
Desde 2026, la ENPI contempla el diseño de un modelo nacional de oficinas de transferencia tecnológica, asistencia de PI para mipymes con enfoque exportador, un mercado digital para tecnologías, contenidos creativos, marcas y licencias, trabajo con el sistema financiero para valorar intangibles y un sistema nacional para gestionar activos de propiedad intelectual generados o financiados por el Estado.
No son simplemente programas de propiedad intelectual. Son piezas de un mercado.
Una forma útil de leer esa arquitectura es siguiendo el recorrido económico que debe sobrevivir un activo:
De la propiedad intelectual al valor económico
Síntesis de la ENPI 2030. No corresponde a terminología oficial de la estrategia.
La falla suele ocurrir en el traspaso. Una oficina de transferencia tecnológica importa cuando la investigación universitaria llega a la industria. Un marketplace importa cuando se firma una licencia. Un programa de exportación importa cuando un activo protegido genera divisas. Una metodología de valoración importa cuando modifica una decisión de inversión o crédito.
De lo contrario, podemos terminar con infraestructura sin conversión.
El pipeline que faltaba
Este problema era visible antes de la ENPI 2030.
En 2025, Exportable Intellectual Property: Establishing a New Dominican Economic Pillar planteó que el país necesitaba conectar la protección de propiedad intelectual con la política productiva y el acceso a mercados, para que los registros pudieran convertirse en servicios exportables, ingresos por licenciamiento e inversión vinculada a innovación.
Su diagnóstico era sencillo: aun cuando actores dominicanos generaban propiedad intelectual protegible, esos activos rara vez entraban de manera sistemática en programas de exportación, canales de inversión o mecanismos de activación comercial. El pipeline estaba fragmentado.
La ENPI 2030 no es ese marco, ni existe fundamento para afirmar que uno produjo al otro. Lo relevante es la convergencia independiente.
Hace un año, hablar de “propiedad intelectual exportable” podía parecer una propuesta sobre hacia dónde debía avanzar la política económica dominicana. Hoy la ENPI coloca la transferencia tecnológica, comercialización, internacionalización, valoración, financiamiento y coordinación interinstitucional dentro de la agenda nacional.
La discusión ya no es temprana. Ahora toca hacer funcionar la maquinaria.
El riesgo está entre las instituciones
Por eso la arquitectura de gobernanza de la ENPI puede resultar tan importante como sus iniciativas de comercialización.
La estrategia plantea mayor coordinación nacional, una Secretaría Técnica permanente y un sistema integrado de monitoreo capaz de consolidar información sobre la ejecución institucional.
Puede sonar administrativo. En realidad, es económico.
República Dominicana ya cuenta con instituciones vinculadas a propiedad intelectual, industria, exportaciones, universidades, sistema financiero, gobierno digital, agricultura, cultura y observancia. El riesgo no es necesariamente que nadie haga nada. El riesgo es que todos hagan algo y nadie sea responsable del recorrido completo desde el activo hasta la transacción.
Alguien debe saber qué ocurre con una patente después de salir de la universidad, si una mipyme protegida realmente entró a un canal de exportación, si el activo presentado ante una entidad financiera era financiable o si un marketplace nacional generó negocios o simplemente acumuló registros.
Sin esa visibilidad, la actividad puede confundirse con progreso.
Contemos transacciones
La prueba más exigente de la ENPI 2030 debe ser económica.
¿Cuántas tecnologías dominicanas fueron licenciadas? ¿Cuántas invenciones universitarias llegaron a empresas? ¿Cuántas obras protegidas generaron ingresos externos? ¿Cuántas mipymes convirtieron propiedad intelectual en exportaciones? ¿Cuántos activos intangibles facilitaron financiamiento?
La estrategia apunta en esa dirección. Su arquitectura de monitoreo contempla indicadores relacionados con exportaciones creativas y número de licencias o contratos de propiedad intelectual, alimentados por reportes institucionales y un tablero nacional.
Ese es el criterio correcto porque los registros miden protección. Las transacciones miden conversión.
La ENPI también comienza a enfrentar la cuestión financiera, planteando que sus responsabilidades entren en los presupuestos institucionales y contemplando cooperación internacional y otros mecanismos de financiamiento. Eso no significa que exista una cartera de contrataciones ya financiada. Una intención de política pública no es un contrato.
Pero sí significa que el mercado está entrando en otra etapa.
República Dominicana ya tiene una estrategia de propiedad intelectual suficientemente ambiciosa para reconocer que los derechos protegidos deben convertirse en activos productivos. El reto ahora es más exigente: hacer que los traspasos entre instituciones, capital y mercados funcionen.
Una patente puede estar perfectamente protegida y permanecer económicamente inerte. Un marketplace puede lanzarse sin crear un mercado. Una estrategia puede coordinar instituciones sin producir una sola transacción.
La ENPI 2030 ya trazó la arquitectura. Ahora viene lo caro: lograr que esa arquitectura produzca dinero.
Jonathan Joel Mentor es el CEO de Successment y arquitecto del Digital Nomad Summit™️, donde escala startups y desafía a las instituciones a evolucionar. Nombrado al UN World Summit Award y ganador del Premio Nacional a la Excelencia en Exportación de Adoexpo. www.Jonathanmentor.co | digitalnomadsummit.co
