La solicitud de Estados Unidos para que República Dominicana derogue el Decreto núm. 693-24 coloca al país frente a una realidad que durante años se quiso ignorar: no nos preparamos adecuadamente para enfrentar la apertura total del mercado del arroz contemplada en el DR-Cafta.
Así lo afirmó Tito Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), quien sostuvo que el país tuvo aproximadamente dos décadas para prepararse y elevar la competitividad de la producción arrocera, pero que las inversiones y transformaciones necesarias no se realizaron a la escala requerida.
Durante ese período, explicó, debieron modernizarse los sistemas de riego, reducirse los costos de producción, renovarse las variedades, fortalecerse la investigación agrícola, ampliarse el financiamiento, mejorar la mecanización y establecerse una verdadera política nacional de competitividad arrocera.
“No lo hicimos”, afirmó Hernández, al señalar que esa responsabilidad debe ser asumida por el Estado y por las sucesivas administraciones que gobernaron durante ese período.
A su juicio, no sería justo que ahora los productores carguen con las consecuencias de dos décadas de insuficiente planificación, inversión y preparación.
El presidente de la ANPA señaló que la solicitud estadounidense no representa simplemente la eliminación de un decreto, sino que implica ampliar el acceso del arroz estadounidense al mercado dominicano bajo las condiciones establecidas en el acuerdo comercial.
El principal riesgo, indicó, es que los productores dominicanos tendrían que competir con un sector agrícola estadounidense caracterizado por altos niveles de tecnificación, economías de escala, acceso a financiamiento y distintas modalidades de apoyo estatal. “No se trataría de una competencia entre iguales”, advirtió.
Hernández sostuvo que una eventual eliminación de la protección establecida mediante el Decreto 693-24 podría comprometer el futuro de aproximadamente 30,000 productores, entre 1.3 y 1.5 millones de tareas cultivadas y una producción cercana a 14.8 millones de quintales de arroz, además de una cadena económica que, según sus estimaciones, mueve más de RD$45,000 millones anuales.
“Estamos hablando de una de las principales producciones agrícolas del país, de miles de empleos y de la principal fuente de ingresos para numerosas comunidades rurales”, expresó.
Riesgos para productores y consumidores
Hernández advirtió que una apertura repentina podría provocar una reducción de los precios pagados a los productores, acumulación de las cosechas nacionales, aumento del endeudamiento, disminución de las áreas sembradas y dificultades para factorías y otras empresas vinculadas a la cadena arrocera.
También planteó el riesgo de que la República Dominicana reduzca progresivamente su capacidad de producir arroz y aumente su dependencia de las importaciones para abastecer uno de los alimentos fundamentales de la población.
Reconoció que uno de los argumentos a favor de una mayor entrada de arroz importado podría ser una eventual reducción de los precios para los consumidores. Sin embargo, sostuvo que no existe garantía de que una reducción en los costos de importación se traslade íntegramente al consumidor final ni de que ese beneficio sea permanente.
Entre el importador y el consumidor intervienen procesos y costos relacionados con almacenamiento, procesamiento, transporte, distribución y comercialización, explicó.
“Podríamos terminar debilitando o destruyendo al productor dominicano sin que necesariamente el consumidor reciba un beneficio permanente y proporcional”, afirmó.
Asimismo, advirtió que una vez debilitada la producción nacional, el país quedaría más expuesto a las variaciones de los precios internacionales, las interrupciones de las cadenas logísticas, los conflictos internacionales, los fenómenos climáticos y las decisiones de los países exportadores.
Para Hernández, el debate trasciende el ámbito comercial. “El arroz no es solamente una mercancía. Es alimentación, empleo, estabilidad social, desarrollo rural y seguridad nacional”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que la República Dominicana debe cumplir sus compromisos internacionales, pero al mismo tiempo preservar su capacidad de producir los alimentos fundamentales que consume su población.
Por ello, consideró que el Gobierno no debe adoptar una decisión apresurada ni aceptar la derogación del Decreto 693-24 sin contar previamente con medidas alternativas que garanticen una protección efectiva para la producción nacional.
Propuesta de una mesa nacional del arroz
Hernández propuso al presidente Luis Abinader convocar una gran mesa nacional del arroz, en la que participen representantes del Gobierno, organizaciones de productores, profesionales agropecuarios, factorías, el Banco Agrícola, universidades y centros de investigación.
También planteó la realización de un estudio independiente sobre el impacto económico, social y alimentario de la apertura del mercado, así como la negociación con Estados Unidos de un período de transición acompañado de mecanismos de salvaguardia, adecuada gestión de las importaciones y medidas de compensación para los productores afectados.
De manera paralela, propuso poner en marcha un Programa Nacional de Competitividad Arrocera, orientado a reducir los costos de producción, modernizar los sistemas de riego, fortalecer la investigación, elevar la productividad y garantizar mejores condiciones de financiamiento y seguro agropecuario.
El presidente de la ANPA insistió en que su posición no representa un rechazo al comercio internacional ni al cumplimiento de los acuerdos suscritos por el país.
“No estamos en contra del comercio ni del cumplimiento de los acuerdos internacionales. Estamos en contra de que se sacrifique al productor dominicano para pagar las consecuencias de veinte años de falta de preparación”, manifestó.
Hernández concluyó con un llamado a reconocer la situación actual sin ocultar sus implicaciones: “El país no está preparado para enfrentar la exigencia de Estados Unidos. No se preparó para eso”.
A su entender, abrir completamente el mercado sin adoptar previamente medidas que fortalezcan y protejan la producción nacional podría generar un escenario de incertidumbre para miles de productores y para el futuro de la producción arrocera dominicana. “No podemos corregir veinte años de falta de preparación condenando ahora al productor dominicano”, afirmó.
